El plazo para que los particulares presenten alegaciones al plan de reforma urbanística de la Playa de Palma, que en principio terminaba el 6 de octubre, se alargará hasta el 23 del mismo mes, según han acordado hoy partidos e instituciones en la constitución de la comisión de seguimiento del proyecto.
Así lo ha asegurado a EFE la consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló, tras fijar el plan de trabajo del nuevo organismo, que integran representantes de todos los grupos políticos del Parlament, del Gobierno central, del Govern, del Consell de Mallorca y de los ayuntamientos de Palma y Llucmajor.
Barceló ha resaltado que esta comisión tiene como principal objetivo buscar la implicación de todos los partidos en la definición definitiva del proyecto, que ha desatado numerosas protestas en la zona, especialmente por parte de vecinos afectados por las modificaciones urbanísticas que implican la demolición de sus viviendas.
La consellera y portavoz del Govern ha incidido en que si las resoluciones del este órgano de supervisión son asumidas por todas las fuerzas parlamentarias se evitará la «utilización política del proyecto».
En su reunión constituyente, la comisión ha acordado que se reunirá cada quince días (el próximo encuentro será el 30 de septiembre) para analizar «las propuestas técnicas y dar respuesta a las alegaciones» que planteen tanto los particulares como los ayuntamientos, cuyo plazo ya había sido prorrogado hasta el 9 de diciembre.
Barceló ha resaltado que el Govern mantiene la intención de que el 30 de diciembre se pueda cerrar un proyecto urbanístico consensuado y definitivo que se sometería a una segunda exposición pública a principios del año próximo.
«Los compromisos» que recoja esta planificación final «tendrán que salir» de la comisión constituida hoy, que, no obstante, elevará sus conclusiones a la dirección del Consorcio para la Reforma de la Playa de Palma.