El diputado del PSIB-PSOE Josep Maria Costa ha asegurado hoy que el Govern ha actuado conforme a la ley en el alquiler de un edificio en el polígono de Son Rossinyol de Palma, pero «si hay errores, se depurarán las responsabilidades que correspondan».
Los partidos con representación en el Parlament se han reunido hoy con ocasión de la comisión de investigación abierta para analizar si el Govern cometió alguna irregularidad.
Costa ha destacado a los periodistas el «consenso unánime» y la «buena dinámica» de todos los grupos para llevar a cabo esta investigación, al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo autonómico actuó correctamente.
Por su parte, el diputado popular José María Rodríguez ha informado de que los partidos han requerido toda la documentación que estiman oportuna para poder analizarla y sacar sus conclusiones.
El principal grupo de la oposición, el PP, ha denunciado reiteradamente que el arrendamiento de un edificio en Son Rossinyol por parte de CAIB Patrimonio a Inversiones Can Font está plagado de irregularidades, aunque la Fiscalía no apreció ningún comportamiento delictivo en el caso.
El Bloc ha pedido que la comisión tenga carácter público y no secreto, lo que ha sido apoyado por el resto de grupos.
La última comisión de investigación abierta en la Cámara legislativa fue en el año 2000 y trató sobre la compra por parte del Govern del Pacto de Progreso de las fincas mallorquinas de Aubarca y Es Verger. El PP mantuvo que se pagó un «sobrecoste» sobre el precio real de entre 300 y 500 millones de pesetas.