El PP de Palma denunció ayer que el Ajuntament ganará este año unos cinco millones de euros con la tasa por el tratamiento de basuras. Este incremento es similar al registrado el pasado año, por lo que los populares reprocharon a la alcaldesa Aina Calvo que durante esta legislatura haya incrementado un 40 por ciento la tasa de tratamiento de basuras que cobra actualmente Cort y que sirve para pagar la factura de la eliminación de las toneladas de basura que genera Ciutat. Cabe recordar que este trabajo lo realiza el Consell de Mallorca a través de la empresa concesionaria Tirme, que va presentando el coste de eliminación según las toneladas eliminadas o tratadas en la planta ubicada en Son Reus.
«'Calvo tasa'»
«El tiempo pone a cada uno en su sitio y en el tema de la 'Calvo tasa' queda claro que no era necesario aumentar un 40 por ciento la tasa de basura», manifestó el portavoz del PP en el Consistorio palmesano, Julio Martínez. En este sentido, recordó que el PP se opuso al citado incremento por «considerarlo injusto e innecesario. Injusto porque con la crisis económica no se pueden incrementar los impuestos muy por encima del IPC. Innecesario porque en la pasada legislatura se inició una actualización de los datos fiscales sobre esta tasa que generó un aumento importante del número de contribuyentes. Este hecho provocaría un incremento en la recaudación del mencionado tributo como efectivamente se ha visto en el 2008, 2009 y ahora en el 2010».
Los populares explicaron que debido al aumento del 40 por ciento y al número de contribuyentes para 2010 se espera un exceso de recaudación de unos cinco millones de euros, es decir la diferencia entre lo que recauda Cort y lo que paga a Tirme. En concreto, a fecha de hoy tiene reconocidos ingresos por valor de 31.503.654 euros en el presupuesto municipal, mientras que la previsión de lo que se tiene que pagar a Tirme es de 26.634.562 euros. De este modo, Cort se queda con unos beneficios de 4.869.092 euros, aproximadamante.
Ante esta situación, Martínez adelantó que presentarán una propuesta al próximo pleno para decidir a qué se destina el exceso de recaudación, es decir, si se devuelve a los ciudadanos o se destina a una necesidad de la ciudad consensuada por el pleno.