La jefa de Publicidad del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) ha confirmado hoy ante el juez instructor de este caso de supuesta corrupción durante la pasada legislatura del PP que en el ente público existía un «trato de favor a diversas empresas».
Francisca G.B. ha declarado hoy como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de investigar el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al instituto, un organismo dependiente de la Conselleria de Turisme durante la pasada legislatura (2003-2007).
Además de la jefa de Publicidad, hoy también han testificado las jefas de Promoción y Ferias, y todas ellas han coincidido en afirmar que no controlaban la contratación de sus departamentos, algo que hacía el asesor jurídico Miquel Angel Bonet (imputado en el caso).
«Algunas partidas no me las daban a firmar, ni las veía, a pesar de que era la responsable de Publicidad», ha dicho la testigo, quien ha llegado a afirmar que no sabe de qué presupuestos dispone.
Según ha explicado, el trato de favor se producía a empresas como el grupo Clave, Comunicación Creativa, Espiral, Ingrama s.A. y Gráficas García, todas ellas investigadas en esta causa.
La responsable del instituto, que lleva ocho años en su puesto, ha indicado que ella nunca decidía qué empresa contratar en el caso de los contratos menores (de menos de 12.000 euros y que se adjudican directamente) y que, en ocasiones, le presentaban facturas para pagar antes de la realización del trabajo o incluso de la aprobación del gasto.
Quien le daba estas facturas era, ha asegurado, Bonet, así como las propias empresas, y los que decidían las empresas con las que trabajar eran los dos ex gerentes imputados, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern.
Además, ha explicado que había casos en que un trabajo superaba los 12.000 euros (legalmente debería someterse a un concurso público) y se adjudicaba igualmente al mismo grupo, por medio de diferentes empresas del mismo.
«No se puede, o podía, gastar más de 12.000 euros con una empresa, por lo tanto debían utilizar una empresa del mismo grupo para que hiciera el mismo trabajo», ha dicho la responsable de Publicidad.
A ello, ha añadido: «Se puede intuir que si se favorece a una empresa o grupo de empresas no está bien, pero esto es lo que hay, temía por mi trabajo, mucha gente del Ibatur teme por su trabajo».
Preguntada por el fiscal Anticorrupción Joan Carrau si alguna vez le amenazaron por no acatar órdenes, ha dicho que «directamente no», pero que sí se le dijo que «al que no le vaya bien, ya sabe dónde tiene la puerta».
También ha hablado del publicista Luis Velasco -imputado en la causa-, de la agencia Clave, y ha afirmado que se puso en contacto con ella el día antes de que la detuvieran por este caso y le dijo que iba a llevarse todos sus expedientes del Ibatur.
El viernes continuarán las declaraciones por esta causa de supuesta corrupción durante la pasada legislatura y comparecerán ante el juez varios trabajadores del Ibatur, según han informado a Efe fuentes jurídicas