El Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal de Protección del Consumidor, se ha convertido hoy en la primera administración pública de España que demanda judicialmente a las ocho principales compañías de telefonía móvil que operan en el país por cláusulas abusivas en sus contratos.
El Instituto (IMPC) ha interpuesto su demanda hoy mismo ante el juzgado de lo mercantil de Palma con el apoyo de varias asociaciones de consumidores que trabajan en la comunidad, como ACUI y Ausbanc, a las que, en próximos días, se espera que pueda sumarse también otras como FACUA.
Las empresas demandadas son Telefónica Móviles (Movistar); France Telecom (Orange); Vodafone; Yoigo; Simyo; RACC Móvil; MASmóvil y Carrefour Oline; todas ellas por incluir en sus contratos cláusulas que limitaban su responsabilidad y cargaban sobre el consumidor cuestiones que, por ley, han de asumir las empresas.
Así lo han manifestado hoy en rueda de prensa la responsable de Relaciones Institucionales, Turismo, Comercio y Consumo, Joana Maria Borrás; el gerente del IMPC, Xavier Pascuet, y los encargados de ACUI en Baleares, Carlos Hernández, y Ausbanc, Isabel Martorell.
Objetivo
Todos ellos han coincidido en mostrar su satisfacción por poder actuar en favor de los derechos de todos los consumidores y su confianza en que el juzgado dicte una sentencia a su favor, de lo cual se beneficiarían los usuarios de los 50 millones de contratos que en España tienen firmados con las ocho principales compañías.
La actuación del Instituto Municipal de Protección del Consumidor de Palma surgió a raíz de las numerosas quejas que el sector de la telefonía recogía diariamente de los ciudadanos de la capital balear, tanto particulares como empresarios, y su primer «éxito» ha sido el requerimiento enviado a las compañías, por el cual algunas han modificado parte de esas cláusulas abusivas.
Sin embargo, según ha explicado hoy la edil y el gerente del IMPC, esta rectificación no ha sido suficiente y eso les ha obligado a acudir a los juzgados. El juicio, el primero de España de estas características, podría llevarse a cabo en unos seis meses si la saturación de los órganos judiciales de las islas lo permiten.
Los abusos y las cláusulas ilegales, que también se producen en compañías de otros sectores, son muy variados, según ha explicado el responsable de ACUI, Carlos Hernández, quien ha detallado algunas de las más comunes y repetidas.
La mayoría de compañías no cumplen la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información ya que no ofrecen al consumidor una dirección de correo electrónico a la que dirigirse para reclamar o pedir el alta o la baja del servicio mediante el uso de la firma electrónica.
Otras muchas obligan a firmar al cliente que esperará desde que paga un plazo de 20 días hasta que se le active el servicio, no informan de cómo se les enviarán las tarifas al usuario o se arrogan la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato, suspender o interrumpir el servicio sin razones de peso.
También especifican penalizaciones para el cliente si incumple el contrato o no paga en plazo y, en cambio, excluyen su responsabilidad de cualquier problema que haya en el servicio: si se interrumpe ellas no pagarán por las molestias que causen.
Algunas cláusulas incluso señalan que la empresa no se hará responsable de la falta de cobertura; no detallan los cobros internacionales o no te compensan si la conexión no funciona en el extranjero.
Limitar las formas de pago, no reflejar cual es el precio de la tarifa, no hacerse responsable del secreto de las comunicaciones o castigar al cliente por zanjar un contrato que no se cumple, son parte de los abusos que cierran esta lista de incumplimientos más habituales que sufren los usuarios en España, ha concluido Hernández.