La juez del 'caso Bitel' ha dado 24 horas de plazo a cuatro de los cinco acusados en la causa abierta por una trama de corrupción en ese organismo público para que depositen 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria en el juicio oral que se seguirá contra ellos en la Audiencia de Palma, órgano que la magistrada ha declarado competente «por la pena señalada y el delito cometido».
El ex gerente de Bitel Damià Vidal, acusado de cuatro delitos (continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho) por los que podría ser condenado a 14 años de cárcel, tendrá que avalar 700.000 euros.
Los demás acusados deberán depositar diversas cantidades de dinero de forma solidaria con Damià Vidal: Sebastián Romaguera (267.453 euros), Iván Guardia (201.315) y Ramón de la Iglesia (39.864). También está acusado Miguel Simonet.
Damià Vidal se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros y, según la Fiscalía Anticorrupción, «guiado por el ánimo de obtener beneficio económico, ideó, planificó y desarrolló una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos de los que tenía poder y disposición por razón de su cargo, aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión».
Fondos públicos
El ex gerente de Bitel pudo lucrarse con 700.000 euros procedentes de fondos públicos, sobre todo, con el uso indiscriminado que realizó de la tarjeta Visa que le proporcionó Bitel, según el Ministerio Público.
El 14 de julio de 2006 efectuó una transferencia a su propia cuenta bancaria de 27.000 euros -que días después documentó como «préstamo debido a los gastos extraordinarios de carácter personal que estaba soportando» y que a día de hoy no ha devuelto-, y el 6 de octubre del mismo año se transfirió a la misma cuenta 9.000 euros sin preocuparse da dar cobertura formal alguna al traspaso de fondos públicos.
Anticorrupción hace constar que una actuación de esas características tiene un coste importante para el erario público, «ya que no se fija interés alguno, con lo que los costes financieros, además del capital, son asumidos por todos los ciudadanos de esta Comunidad».
En lo referente al uso de la tarjeta de crédito de Bitel, de la que Vidal disponía libremente para gastos de representación, el Ministerio Público tiene acreditado que solo en sus últimos 14 meses al frente de la empresa (fue despedido en 2007) obtuvo de cajeros automáticos 33.000 euros en efectivo, y que gastó al menos 21.000 euros «en servicios y compras que no eran necesarios para las funciones públicas encomendadas, por lo que únicamente pueden tener la consideración de gastos personales y particulares».
Así, los comprobantes de lo cargado por Vidal al erario público reflejan gastos de una gran variedad, y entre ellos restaurantes, peluquerías, farmacias, cafeterías, sastrerías, librerías, hipermercados, salones de té, hoteles, billetes de avión, ferreterías, floristerías y tiendas de muebles, y ello en varios países europeos. Concretamente en enero de 2007, un periplo de cuatro días de Damià Vidal por la Costa Azul francesa le hizo contraer al Govern balear un gasto de aproximadamente 2.000 euros a su paso por Niza, Cannes, el Principado de Mónaco y Antibes, según la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.