Tres familias de Son Banya han contratado a un experto en derecho urbanístico para evitar el derribo de sus viviendas, ya que se niegan a abandonar el poblado tal y como prevé el Plan de Readaptación y Realojamiento del Ajuntament de Palma, también conocido como Plan Grosske.
A mediados de este mes está previsto que se celebre una gran reunión en Son Banya, para informar a los vecinos de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo y ofrecerles que puedan contratar a este especialista en derecho urbanístico. En la actualidad hay un centenar de familias afectadas por el plan de realojamiento.
La intención de estas tres familias, y las que se unan, es la de parar los derribos de casas que se están efectuando en el poblado desde hace meses. Las tres familias que han contratado al asesor han manifestado su rechazo a abandonar Son Banya y quieren, con el apoyo de las familias que se unan a ellos, se que arreglen las calles y se hagan una serie de mejoras para que el poblado sea una especie de barrio y poder seguir viviendo allí.
Las tres familias, de momento, han parado el derribo de dos viviendas y también han solicitado al juzgado de lo contencioso administrativo que evite la demolición del centro social que hay en el poblado, aunque esta petición ha sido denegada.
El primer derribo se evitó a finales de julio. El día 26 un hombre que estaba en prisión preventiva recibió el aviso en su casa de que ésta iba a ser demolida el día 28 por la mañana. Su mujer contactó con el abogado, el cual presentó un escrito en el Ajuntament alegando que no había habido proceso previo. El Ajuntament denegó la petición, por lo que el día 27 la perjudicada acudió al juzgado de lo contencioso administrativo, que suspendió cautelarmente la demolición. Al día siguiente ratificó la suspensión del derrumbe.
Paralelamente, otra familia en un caso similar también acudió al juzgado de lo contencioso administrativo, que todavía no se ha pronunciado. Por tanto, de momento se ha evitado un segundo derribo.
A principios de agosto Cort iba a demoler el centro social, estos vecinos recurrieron al juzgado que desestimó la petición, por lo que el Ajuntament puede demoler estas instalaciones. En unos días los vecinos se reunirán para acordar si siguen intentando evitar los derribos acudiendo al juzgado.