La comisionada y gerente del Consorcio Urbanístico para la reconversión integral de la Platja de Palma, Margarita Nájera, aseguró ayer que no se sentía desautorizada por la negativa del presidente del Govern, Francesc Antich, a respaldar la expropiación y el el derribo de 96 viviendas en Can Pastilla, ubicadas en las calles Sant Antoni Platja-Torredona y Horaci-Plini, que está contemplado en el Plan de Acción Integral, en estos momentos en exposición pública hasta el próximo 6 de octubre.
«El president Antich ha entendido que en este momento había que tomar esta decisión y avanzar esta suposición, por tanto, es absolutamente respetable, no tengo nada que decir. Simplemente ha adelantado una de las posibles decisione, la cual yo, como es lógico, no voy a cuestionar», declaraba Nájera ayer en una entrevista con la emisora Ona Mallorca e IB3.
Asimismo, la comisionada y gerente del Consorcio manifestó su confianza de que la Asociación Hotelera de la Platja de Palma no plantee recursos judiciales contra el plan porque sus dirigentes son personas «prudentes y juiciosas». Nájera recordó que el proyecto se encuentra en fase de alegaciones e insistió en que su propósito es alcanzar acuerdos «en lo que sea posible. Vamos a ser prudentes para el Plan de Acción Integral sea posible».
Colegio de Arquitectos
Para el decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis A. Corral, las declaraciones del president Francesc Antich en contra del derribo y expropiaciones de viviendas en Can Pastilla, «no creo que se entiendan como un mensaje finalista, sino que para ejecutar dichas acciones hay que buscar un cierto consenso con las partes afectadas».
Corral deja muy claro que un plan de reconversión integral, «como el que se quiere llevar a cabo en la Platja de Palma conlleva toda una serie de acciones, como son los derribos. Es inevitable que haya derribos o expropiaciones, ya que en caso contrario será muy difícil poder llevar a cabo este planeamiento urbanístico. El PAI)estará bien o mal, pero cualquier planeamiento de reforma integral conlleva esto. La Administración, por su parte, intenta que todo se desarrolle con consenso, pero habrá acciones sobre bienes particulares en beneficio del interés general».
Y añade que en caso de que no se actué de esta forma, «nos encontraremos, una vez más, ante un plan de embellecimiento de una zona turística con dinero público. Creo que queremos algo más, como así afronta el PAI. Hay que actuar, guste o no. Es más, cuando se pacta el interés general, siempre se desinflan las actuaciones».