La defensa de Juan Carlos Alía ha presentado hoy ante la Audiencia Provincial de Palma documentos con los que intenta probar que el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) no cobró comisiones a cambio de adjudicar contratos y que, por tanto, no debe permanecer en prisión.
El letrado Jose Ignacio Herrero ha solicitado la excarcelación de su cliente en una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, después de que el pasado 6 de agosto el juez que instruye el «caso Ibatur», Juan Ignacio Lope Sola, denegase la solicitud de puesta en libertad de Alía.
A su llegada a la sede de la Audiencia, Herrero ha indicado que en la vista de hoy expondrá los mismos argumentos que planteó en el recurso ante el juez, donde defendía principalmente que no había riesgo de fuga que justificase el encarcelamiento del ex director general del Ibatur.
Alía, que fue detenido a finales de junio en el marco de la «operación Pasarela», estaba en libertad bajo fianza cuando un publicista que trabajó con el Ibatur declaró que el ex director exigía comisiones del 10 por ciento del valor de los contratos, lo que llevó al juez a ordena su ingreso en prisión.
El abogado defensor ha asegurado hoy que dispone de documentos «que acreditan que realmente lo que dicen determinados testigos pueden que no sea cierto».
Está previsto que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma falle sobre la petición de excarcelación en los próximos días.
Fiscalía
La Fiscalía ha defendido, durante una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que Alía debe continuar ingresado en prisión sin fianza dado su elevado riesgo de fuga y de que interfiera en las investigaciones de este procedimiento, que indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la empresa pública durante la pasada legislatura.
El fiscal Adrián Salazar ha mantenido de este modo que el ex responsable del Ibatur podría alterar los distintos medios de prueba y sustraerse de la acción judicial a tenor de las penas que acarrean los numerosos delitos que se le imputan. Además, ha mantenido que cobró comisiones por la adjudicación de contratos desde la empresa y que participó en la incorrecta tramitación de numerosos expedientes.
En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y al que tuvo acceso a Europa Press, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado.