El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, plasmó en marzo de 2009, y en cuatro folios, su particular visión sobre las diligencias previas abiertas en 2008 por los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach en Palma por el supuesto enriquecimiento ilícito de Jaume Matas, incorporadas más tarde al 'caso Palma Arena'.
Conde-Pumpido analizó los indicios incriminatorios contra el ex presidente del Govern en un escrito al que ha tenido acceso este diario. Tras rechazarlos uno por uno, con lo que entonces se sabía del caso, denegó la prórroga del plazo de duración de esas diligencias informativas.
A pesar de ello, Matas está imputado por doce delitos y se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros, impuesta por el juez instructor de la causa, José Castro.
En contra de opinión del fiscal general del Estado de investigar los bienes de Matas, las pesquisas continuaron en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, donde siguen abiertas.
Conde-Pumpido abordó en su escrito la adquisición por parte del ex presidente del Govern del 'palacete', operación que según los fiscales de Palma «fue un regalo» en especie recibido por Matas, debido a la diferencia en el precio de venta (950.000 euros) y la del mercado (2,5 millones). Conde-Pumpido llegó a la conclusión de que «no se ha obtenido dato concreto alguno que confirme mínimamente esa hipótesis».
Entramado
También, descartó de plano la creación por parte del cuñado de Matas, Fernando Areal, de un entramado societario a través de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria de Capital Variable (SICAV), así como la existencia de un «incremento patrimonial no justificado de origen desconocido», en el matrimonio Matas-Areal.