Comisiones Obreras retomará la semana que viene las reivindicaciones en defensa de las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la actualidad en la construcción del Palacio de Congresos. El sindicato asegura que esta infraestructura está más 'parada' que a principios de mes y que ahora mismo sólo hay un retén de entre 50 y 70 obreros en activo.
El secretario general de Fecoma CCOO, Rogelio Marín, ha anunciado que la semana que viene enviará técnicos laborales a la obra para contabilizar cuántos empleados exactamente hay en el Palacio de Congresos y, al mismo tiempo, controlar si la empresa adjudicataria de la edificación, Acciona, incumple alguna de las medidas de seguridad preceptivas. La finalidad es comprobar si la constructora mantiene los escasos trabajadores que quedan en la obra a causa de la falta de dinero.
CCOO continúa así haciendo presión a la empresa adjudicataria de esta construcción, Acciona, por haber incumplido las condiciones laborales de los 120 obreros que despidió a principios de agosto. Una de las principales causas de estos despidos, según Marino, era que el ritmo de la edificación del palacio había descendido hasta el 10 por ciento. Por eso, Acciona prescindió de más de la mitad de la plantilla contratada.
Advertencia
Hay que recordar que antes de este recorte de trabajadores había unas 300 personas en activo dentro del Palacio de Congresos. Incluso en los momentos de máxima actividad han llegado a trabajar unos 400 individuos, entre obreros, encargados y personal administrativo. El envío de 'inspectores' por parte de CCOO es sólo una primera advertencia.
Según Marino, el sindicato no quiere que las denuncias queden en nada. Por eso el secretario general de Fecoma manifestó que, según los resultados de la inspección, «el grupo no descarta adoptar otras medidas de bastante cómo protestas, movilizaciones o paros».
La decisión también depende de cómo adelanten las negociaciones entre el Ajuntament de Palma y el Grupo Barceló, que quiere abandonar la concesión del palacio sin pagar el resto de los 90 millones de euros que le corresponden cubrir para acabar las obras de esta macroinfraestructura. Precisamente éste fue el factor clave que provocó el alzamiento sindical en agosto.