Varios agentes de la Policía Judicial se desplazaron ayer hasta la sede de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) para solicitar copias de quince contratos de empleados que se incorporaron a sus puestos de trabajo después de las pasadas elecciones autonómicas de 2007.
Según pudo sabe este diario, la investigación está relacionada con la supuesta compra de votos por parte de UM a cambio de contratos laborales.
Sobre esa cuestión, están en marcha la denominada 'operación Maquillaje', en el Juzgado de Instrucción 2 de Palma, y unas diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.
De hecho, entre los contratos de trabajo solicitados por la Policía Judicial hay varios que pertenecen a ciudadanos argentinos. La Fiscalía investiga si esos contratos se extendieron a cambio del voto para UM en las pasadas elecciones.
Varios dirigentes sindicales, entre de ellos de UGT, denunciaron el pasado mes de marzo que Emaya, bajo la presidencia de la dirigente de UM Cristina Cerdó, había procedido a contratar a gente «a cambios de favores».
Cualificación
Entre esos nuevos contratos temporales denunciaban la incorporación de nuevos empleados «sin experiencia ni cualificación».
En las últimas semanas han declarado en la sede de la Policía Nacional el responsable de la Casa Argentina en Balears, Jorge Mandado, y el ex director gerente de la Fundació Illesport, Eduardo Corvalán.