Prisión eludible con una fianza de 15.000 euros, retirada del pasaporte y obligación de presentarse en el juzgado cada quince días. Esas fueron las medidas cautelares impuestas ayer a Miquel Jaume, propietario de la empresa especializada en la organización de eventos Grup Trui, por el juez instructor del 'caso Ibatur', Juan Ignacio Lope Sola, a instancias del fiscal anticorrupción Juan Carrau.
Jaume, que permaneció dos días en los calabozos de la Policía Nacional antes de pasar, ayer, a disposición judicial, «lo negó todo» durante la declaración que se prolongó alrededor de unas dos horas y media, según explicóa los medios de comunicación su abogado, Javier Blas.
El propietario del Grup Trui había sido detenido el pasado lunes en el marco de la 'operación Pasarela', abierta tras quince mes de investigación bajo secreto del 'caso Ibatur'.
La detención coincidió con el registro a su empresa, situada en el polígono de Maratxí, realizada durante varias horas por una comisión judicial, que buscaba pruebas que relacionaran al Grup Trui con el pago de comisiones a directivos del Ibatur en la pasada legislatura del Partido Popular.
Facturas
También, los investigadores se incautaron de abundante material con el objetivo de hallar facturas adulteradas y contratos irregulares firmados por Trui, que organizó multitud de eventos para el Govern y el PP durante el pasado mandato.
El abogado de Jaume ha explicado a los periodistas tras la declaración, que los delitos que le imputan a su cliente son falsedad en documento mercantil, cohecho y fraude.
Jaume deberá pagar esta caución en el plazo de 72 horas y el juez también ha ordenado la retirada de su pasaporte.
Agentes del grupo de delitos económicos de la Policía Nacional trasladaron ayer a los juzgados multitud de cajas con documentación sobre este caso, y parte de ella fue enseñada a Jaume, quien negó haber cometido irregularidades en sus relaciones comerciales con el Govern de Jaume Matas.
Por la mañana, Miquel Jaume se había negado a prestar declaración ante el fiscal y los agentes de la policía, acogiéndose a su derecho constitucional a mantener silencio. Fue una decisión que tomó personalmente, sin consultársela a su abogado, que en ese momento le asistía, según confirmaron fuentes judiciales.
A mediodía, y ya ante el juez y el fiscal Carrau en el juzgado de Vía Alemania, el dueño del Grup Trui defendió «en todo momento»su inocencia. Fue trasladado en una coche de la policía, no en un furgón, como suele ser habitual, y en su semblante se dibujaba de manera perceptible los difíciles momentos que pasó durante las dos noches que durmió en los calabozos de la Policía Nacional de Palma.