Hay competencias que aún resulta paradójico que se gestionen desde Madrid. En el archipiélago balear, las decisiones más importantes sobre su costa las toma el Estado. De esta forma, proyectos tan relevantes como la regeneración de una playa se deciden a kilómetros de distancia. Un ejemplo, desde la Dirección General de Costas se decidió la regeneración de Cala Agulla con arena de Estellencs, una decisión que contó con la oposición frontal del Govern, ayuntamientos y vecinos. Conclusión: no hay acuerdo y la playa de Cala Agulla está sin arena.
Las administraciones más cercanas a las necesidades de la costa no deciden; sí emiten informes favorables o desfavorables, pero la autorización final viene del Estado.
El Govern entiende que esta situación supone «un caos administrativo y burocrático que se tiene que simplificar», según explica Bernat Aguiló, director general d'Ordenació del Territori. De hecho, el Estatut d'Autonomia ya define que la gestión del litoral es competencia de la Comunitat Autònoma, a transferir posteriormente a los consells insulars.
Solicitud
A principios de año, el Govern, a través de la Conselleria de Presidència, ya solicitó esta transferencia. Desde Balears se entregó una propuesta para definir el ámbito de la transferencia y, a día de hoy, el Ministerio para las Administraciones Públicas «no ha respondido, a pesar de haberse requerido varias veces», indica Aguiló.
En concreto, el Govern exige la ordenación del dominio público marítimo terrestre, incluyendo el ámbito marino (el mar territorial y las aguas interiores); las autorizaciones temporales en playas y costas y en el mar territorial (hamacas, sombrillas, fiestas, actividades deportivas, fondeos...), gestión y control; las concesiones para el uso del dominio público marítimo terrestre, temporales y permanentes (chiringuitos, muelles, varaderos); las autorizaciones en servidumbre de tránsito y las de obras que no sean de interés general. En todo caso, el Estado conserva la titularidad del dominio público marítimo terrestre.
Complejidad
En estos momentos, todo es muy complicado. Las autorizaciones de instalaciones temporales, el Estado las concede en base a una propuesta previa de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de ordenación de actividades de temporada. Después, el particular solicita a Costas la instalación temporal. Costas pide otro informe al Govern para saber si se adecua o no a la ordenación y, finalmente, Costas concede o no el permiso.
«Con la transferencia el mismo que planifica autoriza, que es lo lógico», indica el director general d'Ordenació del Territori. Simplificación y rapidez de la tramitación serán algunas ventajas de gestionar desde Balears.
En la actualidad, Catalunya es la única Comunitat que gestiona su litoral y es el modelo a seguir en las Illes.