El primer gerente del Ibatur del Govern Matas, Juan Carlos Alía, declaró ayer a este periódico que la fianza impuesta por el juez de 30.000 euros para evitar la cárcel «no es nada justa, porque yo no he hecho nada». Desde la tranquilidad momentánea que da estar en casa, el detenido dentro de la 'operación Pasarela' dijo que no deseaba realizar declaraciones e insistió en que «la Justicia decidirá».
No obstante, reiteró, como ya dijera el sábado a su salida de los juzgados, que la experiencia vivida «no se la deseo ni a mi peor enemigo». Los tres días que pasó en los calabozos de la policía, explicó, han sido una experiencia «desagradable e inenarrable».
Alía reconoció que el mal estado en que se encuentran estas dependencias contribuyó a que la situación aún resultase más dura. «Había un olor a orina muy desagradable».
Afirmó, también, que «la mayor parte del tiempo que pasé en el calabozo estuve solo, sólo de vez en cuando traían a algún detenido, que al cabo de unas horas se lo llevaban». «Pero le había dicho que no tenía nada que decir, y ahora llaman a la puerta, tengo que colgar», concluyó.
Como se recordará, el magistrado imputa a Juan Carlos Alía delitos de malversación y otros contra la hacienda pública por cobrar 30.000 euros del Ibatur tras dimitir después del 'escándalo Rasputín'. Y esa misma cantidad, 30.000 euros, es la fianza impuesta.
Alía es uno de los catorce detenidos en el marco de la 'operación pasarela', que investiga el desvío de fondos durante la pasada legislatura a través del Ibatur.