La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 ha acordado hoy la suspensión del proceso civil promovido por la Fundació Illes Balears, presidida por el ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, contra el Ajuntament de Andratx en el que le reclamaba 60.000 euros por el uso de las instalaciones del Castell de Sant Elm. La magistrada ampara esta decisión en la existencia de un procedimiento penal abierto de forma paralela por presuntas irregularidades en torno a la cesión de la edificación al Consistorio.
La resolución judicial acuerda así la suspensión del curso de los autos emitidos hasta el momento «por prejudicialidad penal» hasta que se ponga fin al proceso criminal que se instruye ante el Juzgado de Instrucción número 7 o se encuentre paralizado. En este sentido, la jueza establece que los hechos objeto de la causa criminal coinciden con el objeto del procedimiento civil por lo que determina que primero debe resolverse el primero de los casos.
Cabe recordar que el juicio por este proceso civil ahora suspendido se celebró la pasada semana y estaba únicamente visto para sentencia. En concreto, la cantidad reclamada por la entidad correspondía al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2007 del convenio por el que la entidad privada cedió al consistorio el uso de la Torre de Sant Elm, y que según postula el Consistorio únicamente sirvió para desviar fondos a la Fundació.
Así, en el marco del juicio la representación de la entidad privada defendió la «ideoneidad» de los dos convenios que en total fueron rubricados con el Ayuntamiento -en mayo de 2006 y en abril de 2007- ya que fue por una «causa lícita y pertinente» como la celebración de actos socioculturales.
Sin embargo, desde el Consistorio, parte demandada en este procedimiento, solicitaron la desestimación «íntegra» de la denuncia, que consideraron «incluso temeraria». Tal y como aseveraron, las cantidades acordadas dejaron de abonarse cuando en el Consistorio detectaron que las actividades que debían llevarse a cabo no estaban justificadas y los documentos que pretendían justificarlas «no eran legales».