La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, advirtió hoy de que la decisión de la promotora catalana Sacresa de presentar ayer un concurso de acreedores puede retrasar el retorno del solar de Can Domenge a la institución insular, que, en un principio, se iba a llevar a cabo en un plazo de dos meses para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pudiera comenzar la construcción de 600 viviendas de protección oficial (VPO).
Tras asistir a la reunión extraordinaria de la mesa de seguimiento de la Economía, Armengol indicó que el concurso de acreedores de Sacresa «no es una buena noticia», por lo que expresó su «preocupación» ante el hecho de que se pueda ralentizar todo el proceso de recuperación del solar, aprobado por el Consell de Mallorca, tras alcanzar un «acuerdo histórico» entre todos los partidos.
Pese a la decisión de la promotora catalana, controlada por la familia Sanahuja, Armengol dijo que desea mantener la «voluntad política» del Consell, apoyada por toda la oposición, para que Can Domenge vuelva a ser un solar público y se puedan construir en él 600 VPO.
«YA NO DEPENDE DE UNA DECISION POLITICA»
«En esta línea seguiremos luchando e intentaremos resolverlo lo más rápido posible, aunque ya no depende de ninguna decisión política que pueda adoptar el Consell, porque hemos hecho el trabajo que debíamos hacer en el Pleno y en los juzgados y, por tanto, ahora dependerá de la situación en la que quede Sacresa y de cómo le afecta a la finca concreta de Can Domenge, teniendo en cuenta que esta empresa tiene mucho patrimonio», apuntó.
De este modo, la presidenta del Consell lamentó que la operación de retorno del solar «no sea lo rápido que quisiéramos», a pesar de que la institución insular ya mostró su disposición a devolver a Sacresa no sólo los 30 millones de euros de la compra de Can Domenge, efectuada tras un concurso público realizado en 2006, sino también el dinero que la empresa ya había invertido en esta finca.
Sin embargo, remarcó que en este momento, hay un embargo de los bienes de Sacresa por parte de Hacienda, debido a que soporta una deuda de 1.740 millones de euros, a lo que hay que sumar el concurso de acreedores presentado ayer en el Juzgado mercantil número 2 de Barcelona.
Armengol señaló que si esto se puede resolver de una forma «correcta», el Consell continuaría apostando por que el solar retornase a ser público para iniciar de manera inmediata la construcción de las VPO, mientras que en caso de que no sea posible la recuperación de Can Domenge, la institución insular recurriría a la vía judicial, lo que retrasaría toda la operación «y no podría decir si se llevará a cabo en un año, en dos o en más tiempo».