El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) ha negado hoy que el Ayuntamiento simulara un convenio de cesión de una torre en Sant Elm para actos culturales con el objetivo real de desviar dinero a la Fundación Illes Balears, gestionada por el ex presidente del Govern del PP Gabriel Cañellas.
Hidalgo ha declarado hoy como testigo en el juicio civil celebrado en Palma, por el cual la Fundación Illes Balears, propietaria del Castillo de Sant Elm y cuyo gerente es Cañellas, reclama al Ayuntamiento de Andratx el pago de unos 60.000 euros.
Este dinero responde al convenio firmado entre ambas instituciones durante la pasada legislatura del PP y que el actual gobierno municipal -PSOE, PSM y UM- se negó a seguir pagando a su llegada al poder, por entender que se trataba de una «cortina» para subvencionar a la fundación de Cañellas.
El procedimiento civil se sigue a la vez que otro penal abierto a iniciativa del Ayuntamiento de Andratx por los delitos de fraude, cohecho y prevaricación, en el que están imputados Hidalgo y Cañellas.
De hecho, el abogado del Ayuntamiento, Francisco José Alonso de Caso, ha pedido hoy a la jueza del juzgado de primera instancia de Palma que, «por prudencia», dicte un auto suspendiendo el proceso civil en espera de los frutos de la investigación penal, que podría probar, ha afirmado, que el convenio era una excusa para desviar dinero a la fundación sin contraprestación.
El letrado del Ayuntamiento ha alegado que el convenio es «nulo de pleno Derecho», puesto que su causa -celebrar actos culturales en la torre- es falsa o inexistente.
Para Alonso de Caso, no era necesario disponer de la torre para actos culturales porque se podían celebrar en la propia sede del Ayuntamiento -que es un castillo- y, además, se organizaron muy pocos eventos en Sant Elm durante el periodo de vigencia del convenio.
Durante su declaración, el ex alcalde Hidalgo - en prisión por el «caso Andratx» de corrupción urbanística- ha afirmado que cuando firmó el convenio se apoyó en «el buen hacer de los (servicios) jurídicos» y que, por tanto, no comprobó la legalidad del mismo, aunque ha negado que se hiciera como una simulación para desviar fondos a la fundación.
También ha declarado durante el juicio el ex presidente balear y, durante un receso, ha explicado a los periodistas que el procedimiento penal interpuesto por el Ayuntamiento es una «querella a la catalana» que solo intenta parar el procedimiento civil de reclamación de cantidad.
El abogado de la fundación, Francisco Gilet, ha sostenido durante sus conclusiones que lo que afirma el Ayuntamiento sobre la nulidad es «una simple sospecha» y que Illes Balears cumplió todas las condiciones del convenio.