La corrupción y la crisis obligan a poner más jueces en Balears

El aumento de la carga de asuntos que soportan los juzgados de Balears, con la constante irrupción de causas relacionadas con la corrupción, y el volumen creciente de pleitos vinculados a la crisis económica, han obligado a reforzar las instancias judiciales.
Según confirmó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, nueve jueces de refuerzo se han incorporado en los últimos meses a cuatro juzgados de instrucción de Palma (1, 3, 6 y 12), a los de lo social y lo mercantil, al Juzgado de Ejecutorias, así como a las dos secciones penales de la Audiencia Provincial.
Terrasa, que presidió un acto en el que se formalizó convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Sindicato de Periodistas de Balears, dijo que «todos los juzgados que necesitan alguna implementación para poder tramitar sin retrasos excesivos las causas que tienen asumidas se están dotando debidamente».
Refuerzos
En esta misma línea, el presidente del TSJB confió en que a finales de verano trabajen de forma estable los jueces de refuerzo de las secciones penales de la Audiencia de Palma, al tiempo que se refirió a un plan de refuerzo del Juzgado número 8, el de Ejecutorias, a fin de analizar las sentencias a archivar y las que deban ejecutarse de cara a la puesta en marcha de un servicio común en esta dependencia con la llegada de la Oficina Judicial. En el acto celebrado ayer en el TSJB estuvieron presentes la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, los vocales de ese órgano de control de los jueces Carles Cruz y Claro J. Fernández-Carnicero, y la secretaria general del Sindicato de Periodistas de Balears (SPIB), Margalida Solivellas.
También asistieron el fiscal superior de Balears y el teniente fiscal Bartomeu Barceló y Ladislao Roig, respectivamente.
Gabriela Bravo admitió que el CGPJ es «sensible» a todas las necesidades que los juzgados o la justicia puedan tener en el territorio balear ante la «sobrecarga» de trabajo que, ha reconocido, están produciendo la crisis y la corrupción.
«Somos conscientes de la sobrecarga de trabajo, no sólo en instrucción (por la corrupción) sino también en lo contencioso, en lo laboral y en lo penal», ha remarcado la portavoz del CGPJ, quien ha asegurado que el Consejo «vigila y adopta» las medidas necesarias para tratar de aliviar esta situación y «evitar que se colapsen». En referencia al recorte en el salario de los magistrados -en torno al 7%- planteado por el Gobierno central, Bravo mostró su «comprensión por el malestar» de los magistrados, quienes «se quejan de forma especial porque no fueron consultados ni informados de la medida». Ante esto, expresó el compromiso del CGPJ de iniciar conversaciones con el Ministerio de Justicia para revisar la Ley de Retribuciones, pendiente desde 2005, «a fin de alcanzar las soluciones más satisfactorias». Sin embargo, abogó por «solidarizarnos» con la situación económica del país, que «no afecta únicamente a España sino a toda la UE». «Hay que seguir trabajando para que la carrera judicial no se vea perjudicada», incidió la portavoz del CGPJ.