La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 57 años y medio de cárcel para el abogado de Palma Alejandro Feliu por ayudar a defraudar 32 millones de euros a su clienta Martha Mónica Hore, quien también se enfrenta a hasta 37 años por estos hechos, comprendidos en una pieza separada del «caso Relámpago».
Esta causa fue abierta en 2007 y corresponde a una supuesta trama de blanqueo de capitales y defraudación a Hacienda en la que participó el bufete de abogados Feliu de Palma, y está dividida en varias piezas.
En el escrito de acusación de la pieza A, en el que se solicita la apertura de juicio oral, el fiscal imputa a Alejandro Feliu, a la ciudadana británica y colombiana Martha Mónica Hore y a su marido Christian Hore la defraudación de 32 millones en quince cuotas tributarias correspondientes a cinco años, lo que constituye quince delitos contra Hacienda.
Según el escrito, «los tres acusados se concertaron para defraudar a la Hacienda Pública de modo que los bienes y riqueza que en España Martha Mónica Hore iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto pago de los diversos impuestos».
Esto lo hicieron, señala, mediante «sociedades en paraísos fiscales -'off shore'-, diversos números de identificación fiscal -NIF- para una misma persona, cuentas corrientes puente que eviten identificar correctamente al titular de los fondos, etcétera», mecanismos proporcionados por el letrado a sus clientes.
«Basta comprobar», apunta el fiscal, que Martha Mónica Hore posee un número en su pasaporte colombiano con el nombre «Martha Ocampo López», mientras que como ciudadana británica figura con el primer nombre, «sin que en ningún caso se haya comunicado a las autoridades que se trataba de la misma persona».
El servicio profesional que ofreció el abogado al matrimonio Hore -para Christian el fiscal pide la misma pena que para Feliu como segundo cooperador necesario en los delitos- era, indica el fiscal Juan Carrau, «el de un esquema de 'pantallas' para que la Agencia Tributaria fuera incapaz de exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias».
Según el fiscal, los acusados habían ocultado, hasta la intervención judicial, «más de 61 millones de euros que tenían invertidos en España».
El abogado Feliu «dirigió y ejecutó la mayor parte de operaciones económicas que dieron lugar a consecuencias tributarias e intervino también en la mecánica de defraudación», ya que «tenía amplísimos poderes» de la acusada.
Entre lo adquirido por Martha Mónica Hore figura la finca Sa Marina de Valldemossa en 2002 millones de pesetas (1,5 millones de euros) cuando realmente se pagaron 749 millones de pesetas (4,5 millones de euros), todo ello con la participación de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.
Esta finca fue escriturada en parte en 2002 por 112 millones de pesetas, aunque ese año no se declaró .
«La misma mecánica de ocultación» se repitió en 2002, apunta el fiscal, cuando la acusada adquirió el conjunto de fincas rústicas de Son Bunyola, en Banyalbufar, por 21 millones de euros, al grupo Virgin.
Con estas y otras operaciones, de 2002 a 2006 la acusada dejó de tributar 32 millones en concepto de impuestos de la Renta, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones, apunta el escrito.
El fiscal pide las penas citadas para los tres acusados teniendo considerando que la mujer es residente fiscal en España, aunque plantea la calificación alternativa de los hechos para el supuesto de que no sea considerada residente a efectos tributarios.
En este caso, rebaja las penas de 57 años y medio a 42 años para Alejandro Feliu y Christian Hore y de 37 a 27 años y medio para Martha Mónica Hore.
Asimismo, el fiscal pide para cada uno de los acusados una fianza civil de 200 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias.