La Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, cuyos ex gerente y ex presidenta son investigados por corrupción, realizó «gratuitamente» un panteón de piedra al senador del PP por Mallorca Joan Fageda por valor de casi 1.700 euros.
Así lo refleja el auto del juez del llamado «caso Funeraria», Manuel Vicente Penalva, mediante el cual ordena continuar la tramitación de la causa elevándola a procedimiento abreviado.
En este caso se investigan varios delitos económicos relacionados con esta empresa municipal, concretamente el cobro de comisiones, facturaciones falsas y gastos ilegales en comidas y viajes por parte de su ex gerente Oscar Collado -imputado por diez delitos-, así como por la concejal del PP y ex presidenta de la EFM Marina Sans -imputada por malversación-, dos constructores y dos proveedores.
En el auto, se explica que en una tumba adquirida por el senador «se le realizó gratuitamente un panteón de piedra valorado en 280.173 pesetas más IVA», el cual «no se repercutió en la factura final de la venta de la sepultura».
Asimismo, el juez indica que la EFM compró a Fageda una tumba por valor de 600.000 pesetas (3.600 euros), la cual se vendió posteriormente a un tercero en el año 1998 por 200.000 pesetas (1.200 euros).
Dos años más tarde, en 2000, la Funeraria pagó por su reversión 328.257 pesetas (1.977 euros).
Delitos
El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma Óscar Collado se enfrenta a diez delitos por su gestión al frente de esta empresa pública durante 18 años (de 1989 a 2007), incluido uno de amenazas a un proveedor a quien prometió «arruinarle la vida» por no pagarle comisiones.
El juez considera en su escrito que existen indicios de delito por parte de Collado y su esposa; de la concejal del PP y ex presidenta de la EFM, Marina Sans; de dos constructores y de otros dos proveedores.
En el caso de Collado, que fue gerente, director y director gerente de la empresa (este último cargo en la pasada legislatura del PP), el juez le imputa un total de nueve delitos, que son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude, exacción legal, blanqueo de capitales, amenazas y coacciones.
Los delitos económicos citados responden a numerosas actuaciones irregulares del ex gerente, como la petición a proveedores y constructores de facturas falsas de trabajos no realizados por valor de 48.000 euros y la apropiación de entre 42.000 y 87.000 euros entregados por particulares para adquirir capillas y tumbas, dinero que nunca se contabilizó como ingreso en la EFM.
Además, Collado tomó de la caja de la EFM 16.000 euros como préstamo que nunca devolvió y adquiría «sistemáticamente» material de algunos proveedores que colaboraban con él en sus ilegalidades por precio superior al de mercado.
Control
Según el juez, numerosos testigos afirmaron que Collado, defendido por José Ignacio Herrero, «ostentaba el total control de la administración, estando especialmente interesado en que la gestión administrativa fuera caótica y desorganizada».
En cuanto a supuestas dádivas, «la mayoría» de testigos, afirma el juez en el auto, «declararon que era 'vox populi' que el señor Collado cobraba comisiones» y uno de ellos indicó que «si le hubiera pagado comisiones no le habría hecho la vida imposible».
Precisamente respecto a estas comisiones, el juez imputa a Collado un delito de amenazas por intimidar a un proveedor con «arruinarle la vida» si no le entregaba el dinero exigido, tras lo que anuló sus pedidos con la EFM, por lo que el empresario tuvo que dejar su negocio.
Con el dinero obtenido de estas actuaciones, Collado compró viviendas y cuatro vehículos de alta gama en seis años y registró «numerosos y sospechosos ingresos en efectivo» -400.000 euros en seis años-, hechos que son, según el juez, «altamente reveladores de que el señor Collado y su esposa llevaban un nivel de vida superior a sus posibilidades».
El ex gerente se enfrenta asimismo a un delito de malversación por gastar «ingentes cantidades de dinero público» en comidas en numerosos restaurantes de Mallorca, España y el extranjero, algunas en fin de semana, con una cifra global de 210.000 euros en nueve años.
También gastó unos 40.000 euros anuales en viajes, algunos con su esposa y en hoteles de lujo (casi 1.400 euros en un fin de semana de hotel con su mujer).
Respecto a la concejala del PP Marina Sans, el juez le atribuye un delito de malversación por usar los fondos de la EFM para viajes privados con su familia por unos 6.800 euros (dinero que abonó en su día tras publicarse una noticia al respecto), así como varios cientos de euros en comidas en fin de semana y 4.879 euros en una sola comida.
Además, el juez indica que su chófer como presidenta de la EFM estaba a su disposición fuera de horario laboral, por lo que cobraba un plus de 400 euros mensuales y un total de 1.248 horas extras.
El resto de los imputados por el juez son la mujer de Collado, Francisca Moll, por receptación o encubrimiento y posible cómplice de los delitos de su marido; los constructores Juan Perelló por falsedad y malversación y Esteban Serrer por cohecho; y los proveedores Ramon Chao y Wenceslao Malas, ambos por fraude y cohecho.