Manera presenta a la Fiscalía un contrato del Pacte para desbaratar una acusación del PP

El conseller d'Hisenda del Govern balear, Carles Manera, ha llevado un nuevo 'caso' a la Fiscalía Anticorrupción: le ha remitido toda la documentación sobre el contrato de alquiler de unas dependencias en el polígono de Son Rossinyol (Palma) por parte de la sociedad Caib Patrimoni para que determine si ha existido malversación. La gran novedad es que este no es un caso que afecte a pasados gobierno del PP, sino al actual y que todo el procedimiento está avalado por el propio Manera.
¿Cómo se explica todo esto? Pues en el intento de desbaratar una estrategia del PP, y más concretamente del diputado y ex conseller d'Interior en la época de Matas, José María Rodríguez, y de quitarle munición y protagonismo mediático.
Rodríguez, desde hace varias semanas, viene acusando de «malversación» al conseller Manera, a quien llegó a amenazar con llevarle «al juzgado de guardia» a raíz de un contrato de alquiler de un inmueble para oficinas por las que el Govern estaría pagando 20 millones más de su coste real, posiblemente, (en opinión del PP) en beneficio de un tercero.
Ayer mismo, Rodríguez acudió al pleno con una propuesta muy concreta: crear una comisión investigadora sobre este asunto. La sorpresa fue que PSOE y Bloc la apoyaron (UM se abstuvo) y que, además, se difundió el escrito de Carles Manera dirigido a la Fiscalía. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Antoni Diéguez, dijo en los pasillos de la Cámara que tan convencidos están de que no hay nada irregular que el propio Ejecutivo lleva el caso a la Fiscalía. Según Diéguez, si el asunto (como esperan) se archiva, el PSOE pedirá al presidente de los 'populares', José Ramón Bauzá, que destituya a Rodríguez «de todos sus cargos». Rodríguez es presidente del PP-Palma.
El ventilador
Rodríguez no se dejó amilanar por el 'golpe de efecto' y subió a la tribuna del Parlament para reiterar los argumentos que viene exhibiendo desde hace semanas: que se evitó el concurso y que se optó por un alquiler con opción de compra por el que el Govern puede llegar a pagar hasta 56 millones de pesetas cuando el inmueble está valorado en 36. Rodríguez propuso que se creara una comisión de investigación y que se instara a la Sindicatura de Cuentas a fiscalizar toda la operación desde el primer momento. UM anunció que votaría a favor del segundo punto pero no del primero, «para no caer en el riesgo de poner en marcha la estrategia del ventilador», según Josep Melià. Socialistas y Bloc anunciaron el 'sí' a los dos puntos. José María Costa, que intervino en nombre del PSIB, recordó que cuando el PP gobernaba no aceptaban comisiones de investigación y retó a Rodríguez a que asumiera responsabilidades si se había equivocado. Rodríguez dijo que pedirá perdón si no hay nada ilegal pero que, si no es así, irá «al juzgado de guardia». La de ayer, es la primera comisión de investigación que se aprueba esta legislatura.