Síguenos F Y T L I T R

El juez abre el juicio del 'caso Funeraria' contra Oscar Collado, su mujer y Marina Sans

Marina Sans junto al abogado Rafael Perera. | Archivo UH

| Palma |

El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, ha iniciado los trámites para la apertura de juicio oral del 'caso Funeraria', la supuesta trama de corrupción en esa empresa municipal en la pasada legislatura, en el que imputa a la concejal del PP Marina Sans y ex presidenta de la EFM por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Los principales inculpados son el ex gerente de la EFM Óscar Collado y su mujer Francisca Moll, defendidos por el abogado José Ignacio Herrero, a quienes el juez atribuye la presunta comisión de más de diez delitos.
Collado está imputado por malversación de caudales públicos, cohecho, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude y excención ilegal, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.
Francisca Moll, por su parte, está imputada por los delitos de receptación, encubrimiento, cómplice o coautora de los mismos ilícitos penales que su marido, incluido el blanqueo de capitales, según el auto de dieciséis folios dictado por el juez.
Delitos
También se sentarán en el banquillo de los acusados Juan Perelló, Esteban Serret, Ramón Chao, Wenceslao Lamas, imputados por falsedad, cohecho y fraude ilegal.
El juez señala que Marina Sans utilizó los fondos de la EFM para realizar viajes privados junto con su familia, por importe de 6.800 euros, que «aunque posteriormente fueron abonados al publicarse la noticia en un periódico, no impide que el delito se hubiese consumado». Además, le recuerda que pese a que ha declarado que ya ha devuelto ese dinero a Collado, éste «no sólo ha negado rotundamente dicho extremo, sino que mantuvo en su declaración que jamás había recibido dinero alguno de la señora Sans». Añade que «no puede olvidarse que bajo su presidencia (de Marina Sans) se han realizado numerosos e injustificados gastos en comidas y viajes, que en unos nueve años suman 210.000 y 340.000 euros, respectivamente». El auto del juez ha sido recurrido por los abogados Gabriel Garcías y José María Alonso.

Lo más visto