El Govern prevé ahorrar 120 millones de euros con la reestructuración del sector público, la paralización de inversiones no adjudicadas y el recorte salarial a los funcionarios aprobado por el Gobierno central, un cantidad que alcanzaría los 340 millones de euros si se tiene en cuenta, además, la reducción del presupuesto autonómico en un 7%, según informó ayer el presidente de la Confederació d´Associacions Empresarials de Balears, CAEB, Josep Oliver, tras entrevistarse con el president del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera.
Antich celebró ayer por la mañana un conjunto de reuniones, primero con los miembros del Govern y después con representantes de la CAEB, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), y los sindicatos UGT y CCOO, para informar acerca de las medidas para controlar el déficit público que concretará el próximo martes.
El presidente de la patronal precisó que el recorte de 120 millones adicionales anunciado por Antich se centrará mayoritariamente en «la reorganización y racionalización del gasto público interno y del funcionamiento de la administración». El Ejecutivo baraja al mismo tiempo una reducción de unos 30 millones en inversiones no comprometidas, otros 30 millones en los sueldos de los funcionarios, 8 millones en gasto farmacéutico y otros 8 millones en plazas dotadas de funcionarios que no han sido cubiertas.
El presidente de la CAEB confirmó al mismo tiempo que Antich y Manera le comunicaron su intención de subir el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los tramos más altos de ingresos, así como los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones y Donaciones.
Pese a que los incrementos de los tipos no han sido concretados por Ejecutivo autonómico, el Govern dijo primero que subiría el IRPF a los contribuyentes que ingresaran más de 53.000 euros anuales, si bien ayer comunicó a los sindicatos que esa subida podría afectar sólo a quienes ingresaran más de 100.000 euros. En el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Govern estudia equiparlo al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con una subida del 7 al 8 por ciento, mientras que en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones están evaluando una subida modular desde el 1 por ciento actual a partir de herencias superiores a los 400.000 euros, si bien este extremo tampoco ha sido confirmado por el Ejecutivo autonómico.
La subida de estos últimos impuestos podría ser de aplicación este mismo año, según informó Antich a Oliver, si bien en el caso del tramo autonómico del IRPF el aumento se haría en 2011.
Por su parte, el presidente de la PIMEM, Juan Cabrera, indicó que propuso al presdient del Govern y al conseller de Economia i Hisenda la necesidad de recortar el número de funcionarios, que a su juicio están «sobredimensionados»; eliminar la duplicidad de medios de comunicación públicos, con las radiotelevisiones de Govern y Consell de Mallorca; y solicitó al mismo tiempo que prioricen las inversiones en los sectores productivos de la comunidad autónoma.