La presidenta de la institución insular de Mallorca y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Francina Armengol, consideró hoy «muy injusto» el decreto del Gobierno central que prohíbe a los ayuntamientos y Consells endeudarse a partir del 1 de enero de 2011, ya que trata a todas las administraciones por igual, con independencia de que «hayan hecho o no los deberes» en materia de recorte presupuestario, por lo que abogó por que sea «reestudiado» y «modificado», postura que, según dijo, el presidente del Govern, Francesc Antich, «entiende perfectamente».
Tras una rueda de prensa, la también secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca destacó que el Consell ya redujo su presupuesto en un 15 por ciento, priorizó el gasto en políticas sociales y en inversión pública y redujo tres Consellerias Insulares.
Armengol, quien indicó no sentirse «especialmente rebelde», remarcó que el Consell de Mallorca no se encuentra en la misma situación presupuestaria que otros muchos ayuntamientos de España o diputaciones y subrayó que a ella, como líder de la institución, le «toca defender las inversiones que les toca a los ciudadanos».
No obstante, admitió que si se aprueba la ley «la cumpliremos» por lo que si el próximo año no está permitido endeudarse, existen inversiones que se tendrán que seguir haciendo en la isla porque «no se pueden parar» y «el dinero habrá que sacarlo de otros capítulos y habrá que priorizar más», explicó.
Así, incidió en que primero intentará que el decreto sea modificado y no lleve el artículo 14 que, además, ha sido «incorporado a última hora y no ayuda a las administraciones locales». Sin embargo, si la normativa no varía, existen inversiones plurianuales del Plan de Obras y Servicios (POS) que, «nos dejen endeudarnos o no, habrá que pagar el año que viene porque, sino, dejaremos tirado al contratista».
Administración local y autonómica
No obstante, incidió en que el Consell de Mallorca es una administración local y autonómica, por lo que defenderá que esta institución, en cuanto a sus competencias autonómicas, «pueda hacer préstamos y no vaya ligado al decreto que afecta a las corporaciones locales». El planteamiento político, señaló, «lo tengo muy claro», por lo que se necesita un «respaldo jurídico».
El Consell, según explicó, tiene concertado un préstamo de 34 millones en los presupuestos de 2010. Así, las inversiones de la institución están «bien salvaguardadas» y no hay «ningún problema de solvencia para pagar los préstamos».
Preguntada sobre si se plantea llevar a cabo una reducción del organigrama de la institución, Armengol indicó que ahora no está realizando este planteamiento puesto que «cada cosa a su momento» y, además, recordó que ya eliminó tres Consellerias con todos los altos cargos que esos departamentos implicaban.
No obstante, afirmó que todavía pueden ser «más imaginativos» y que las épocas de crisis pueden representar una «oportunidad para pensar muchas cosas, y hay muchas cosas que no hemos hecho bien», admitió. En este sentido, señaló que hay que aprovechar para cambiar el rumbo e invertir en otro tipo de políticas, como, por ejemplo, en patrimonio y «no especular en nuestro territorio».
Armengol subrayó que el Consell lleva «muchos meses» trabajando en una línea de limitar el gasto y priorizarlo en aspectos sociales y en incrementar las inversiones públicas.
Medidas de ahorro
La presidenta remarcó que «si nos tenemos que seguir estrechando el cinturón lo seguiremos haciendo» aunque «con la tranquilidad de conciencia de que este trabajo ya se ha ido haciendo e impulsando medidas de ahorro en la administración para garantizar la eficiencia».
La presidenta, quien destacó que Antich es «totalmente sensible» a la situación del Consell y reveló que también le planteó el tema a la consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, señaló que estas medidas no le hacen «a priori renunciar a nada», manifestó en referencia a la compra de Can Domenge. Así, indicó que todavía no ha descartado que ésta sea asumida por el propio Govern.
Armengol y Calvo coinciden
Del mismo modo, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, cree «injusto» que el Gobierno impida el endeudamiento de todos los ayuntamientos durante 2011 sin distinguir a aquellos que han gestionado con prudencia de los que han malgastado los fondos públicos.
La edil socialista ha subrayado que, tras la «rectificación» ayer del decreto ley de medidas de recorte del gasto público, las entidades locales tienen medio año para intentar que el Gobierno evalué las diferentes situaciones de los consistorios antes de prohibirles suscribir créditos.
«La primera noticia positiva es el hecho de que sea a partir de enero del año que viene. Esto ya ha sido un alivio para los ayuntamientos, que nos preocupamos y desconcertamos mucho cuando supimos que afectaba al año 2010», ha manifestado Calvo.
La alcaldesa de la capital balear ha señalado que ante la «coyuntura económica terrible» los ayuntamientos tienen que hacer su «aportación» en la contención del gasto, pero ha abogado por que esa participación sea «equilibrada y ajustada a las características de cada uno de los municipios».
Respeto
A su juicio, sería «muy injusto» que «los municipios que han sido respetuosos en su gestión» vean limitada su capacidad inversora en la misma medida que «aquellos que no han tenido cuidado» y no se han preparado para afrontar con solvencia la crisis económica.
En contraposición a estas críticas, Calvo ha elogiado la «rápida» reacción del Gobierno tras comprobar que «el grado de desconcierto y preocupación» por su anuncio de prohibición de endeudarse «era enorme».
«Sería muy contradictorio que tuviéramos un Gobierno que es capaz de poner en nuestras manos 13.000 millones de euros (para el Plan E), como es el caso, y pensáramos que al mismo tiempo tiene la voluntad de ahogarnos económicamente», ha incidido.
Respecto a los proyectos y servicios que el Ayuntamiento de Palma podría tener que recortar debido al ajuste del gasto impuesto por el Ejecutivo central, Calvo ha afirmado que «no es el momento para hacer elucubraciones».
Antich también discrepa
Igualmente, el president del Govern, Francesc Antich, consideró hoy «injusto» que el decreto del Gobierno central que prohíbe a los Ayuntamientos y Consells Insulares endeudarse a partir del 1 de enero de 2011 trate igual a los Consistorios que tienen su economía saneada y a aquellos que atraviesan por «muchas dificultades» y que se encuentran «muy endeudados».
En una rueda de prensa, en la que garantizó la llegada a Baleares de inversiones por valor de 900 millones de euros en 2010, Antich recordó que todas las instituciones lo están «pasando mal en estos momentos», sobre todo, los Ayuntamientos, debido a que «tienen pendiente el Pacto Local y regularizar toda su financiación».
De este modo, consideró que el Ejecutivo central está creando una «injusticia» entre los Consistorios saneados y los endeudados, que necesitan una «atención especial». Por otro lado, subrayó que todas las instituciones también deberían aprovechar este momento para hacer un «saneamiento general» de sus cuentas, «tal como se nos está pidiendo».