El director general de Mobilitat, Antoni Verger, calificó ayer de «indecente» que el PP haya denunciado ante los Juzgados los contratos de las obras de emergencia que se llevaron a cabo en el Metro de Palma, con la única finalidad de «arreglar los despropósitos de la ex-consellera de Transports i Obres Publiques, Mabel Cabrer, que intenta confundir y desviar la atención con una denuncia judicial por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude, al asegurar que los trabajos que se llevaron a cabo tras las inundaciones de 2007 se concedieron a empresas a dedo y sin concurso público», afirmó Verger.
Anunció que el Govern, a través de la Abogacía de la Comunitat Autónoma, se ha personado en la denuncia presentada por el PP el pasado 18 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma por contrataciones irregulares de hasta 10,5 millones de euros en las acitadas obras. Verger negó «cualquier tipo de actuación delectiva en los contratos de obras».
Actuación necesaria
Verger, que compareció junto al gerente de SFM, Jaume Jaume, explicó que la personación de la Administración autonómica tiene como único propósito facilitar a la Justicia toda la información necesaria para probar que la adjudicación de la auditoría y dirección de las obras urgentes de reparación del metro a la empresa pública Ineco se atuvo estrictamente a la ley.
El director general cifró en unos 30 millones de euros el coste para las arcas públicas de las obras de urgencia ejecutadas por las mismas empresas que construyeron la infraestructura, que se hicieron cargo de las reparaciones atribuibles a los defectos de construcción originales. En su opinión, era inevitable emplear el procedimiento de urgencia para reiniciar cuanto antes el servicio interrumpido por las inundaciones, lo que permitía contratar sin concurso la dirección técnica del proceso a la empresa Ineco, elegida por su experiencia en este tipo de trabajos.
Asimismo, puntualizó que el Govern recurrirá la sentencia en la que el juzgado de lo social número 2 de Palma declara improcedente el despido como jefa de obras de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de Ana García y ordena su reincorporación a la empresa pública.