El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, instructor del 'caso Maquillaje', ha desestimado los dos recursos de reforma que interpuso la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, contra la fianza penal de 350.000 euros que le impuso ante un posible riesgo de fuga de la ex dirigente de UM, así como contra la caución civil de 2,6 millones que decretó por posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso.
Así lo señalaron fuentes jurídicas, que explicaron que de este modo el magistrado mantiene ambas fianzas contra la también ex presidenta del Consell al considerar, en uno de los dos autos dictados, que continúa existiendo la posibilidad de que la encausada se sustraiga de la acción de la justicia ante los delitos que se le imputan, mientras que en el otro estima proporcional y adecuada la fianza civil por la que Munar tuvo que designar sus bienes.
En concreto, sobre Munar pesan los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral.
Munar apela
Tras conocerse la decisión, la defensa de la ex presidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial los dos autos, al alegar que no existe riesgo de fuga por parte de la imputada y considerar «desproporcionadas» las cantidades fijadas.
Ell letrado de Munar, Gabriel Garcías, señaló que contra la caución que su patrocinada abonó para eludir su ingreso en prisión ya formuló recurso de apelación con carácter subsidiario, al defender que la ex presidenta 'uemita' «no tiene intención» de sustraerse de la acción de la justicia, en contra de lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, determinó cuando fijó la fianza de 350.000 euros.
La defensa también ha impugnado ante la Audiencia la caución de responsabilidad civil de 2.546.666 euros, por considerarla «desproporcionada» y postular que se trata de un momento procesal «prematuro» para acordar medidas cautelares pecuniarias. Cabe recordar que para cubrir la caución, Munar señaló bienes inmuebles de unos 25 años de antigüedad. En su auto, el magistrado rechaza que sea «prematuro» el momento procesal por cuanto ya se ha detallado la «pluralidad» de delitos imputados a Munar.
Suspendida su declaración por el 'caso Can Domenge' del 3 de junio
Por otro lado, en relación con el segundo de los procedimientos en los que la ex presidenta está imputada, el 'caso Can Domenge', la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, ha suspendido la declaración prevista de Munar para el próximo 3 de junio, al igual que ha hecho con las comparecencias de los ex consellers de Territorio, Bartomeu Vicens, y Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, así como del ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, fijadas para los días 1 y 2 de junio.
Una decisión que se produce después de que varias de las defensas así lo hayan solicitado al coincidir estos señalamientos con un juicio en el que se juzgan a 32 acusados en el marco de la operación Flor de Loto-Paradise y que está previsto que se prolongue hasta el 2 de junio.
De este modo, por el momento se están estudiando nuevas fechas para fijar las comparecencias y se está barajando la posibilidad de que los cuatro anteriores imputados sean nuevamente citados durante la segunda quincena de junio o durante el mes de julio, según informaron fuentes jurídicas.
'Caso Maquillaje'
Las fianzas civil y penal por el 'caso Maquillaje' fueron impuestas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras la declaración que efectuó el pasado 18 de marzo como imputada en el caso Maquillaje, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a productoras audiovisuales vinculadas a UM, y en la que negó las acusaciones que pesan sobre ella en el marco de este procedimiento.
En este sentido, rechazó de plano haber adquirido el 25 por ciento de acciones de Vídeo U, una de las productoras investigas y a la que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras era máxima responsable de la Institución paralelamente a su participación en la empresa, según las investigaciones. Así, aseguró no tener «ninguna participación directa, indirecta ni circunstancial con Vídeo U», a la que el Consell adjudicó la puesta en marcha y explotación de Televisió de Mallorca.
De hecho, la imputada atribuyó las acusaciones a la voluntad del ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, de «congratularse con la Fiscalía» o para hacerle «daño político», después de que Nadal confesase ante el juez que Munar le había entregado en su coche oficial 300.000 euros para comprar entre los dos, a través de sus supuestos testaferros, el 50 por ciento de la productora, hechos que posteriormente ratificó el presunto terstaferro de Nadal, Miquel Sard, y tres ex directivos de la productora.
El juez decretó, además de ambas fianzas, la retirada de su pasaporte, la prohibición de que abandone el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de que comparezca quincenalmente en dependencias judiciales.