El ex conseller de Comerç, Indústria i Energia, y diputado autonómico Josep Juan Cardona, solicitó ayer la baja del PP inmediatamente después de que el magistrado instructor del 'caso Scala', Antonio Capó, le hubiese impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones de euros, 1,9 millones menos de lo que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El PP aceptó la petición de Cardona y le ha exigido que entregue su acta de parlamentario, cuestión a la que el ex conseller se ha negado. Cardona tiene 24 horas de plazo para constituir la caución. En caso contrario, le embargarán bienes por esa cantidad de dinero, según el auto.
En el «caso Scala» se investiga un presunto caso de corrupción durante la pasada legislatura al inyectarse fondos económicos en el Consorcio público para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) que, al parecer, habrían ido al bolsillo de particulares.
Indicios
El auto dictado por el magistrado Capó analiza de manera amplia los indicios incriminatorios contra Cardona, con el matiz de que «estamos en fase de instrucción, lo que implica que contemos con meras diligencias de investigación, no ante pruebas».
«El conseller era consciente de todo lo que firmaba, pese a negarlo con la excusa de que lo hacía sin leer», señala la resolución.
Según el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, los sobornos pagados por las entidades Estudi Joan Rossello, Fires Geremi, NTC Consultores, Marketing One Strategy, S.J.P., Camino Export y Taller Gràfic, asciende a 1.239.310 euros.
El auto, asimismo, detalla los documentos más importantes incautados durante la investigación, y recuerda la declaración de la imputada Antònia Ordinas: «Cuanta más facturación (del CDEIB), más comisión».