El juez instructor del «caso Maquillaje» ha citado de nuevo a declarar a Miquel Oliver, ex presidente de la Xarxa de Televisions y ex administrador de la productora Video U, y a su ex mujer Luisa Almiñana, ambos imputados en este caso de supuesta corrupción durante la pasada legislatura.
Según han informado fuentes jurídicas, Oliver y Almiñana serán preguntados el día 10 de mayo a partir de las 10.00 horas acerca de su vinculación a la Xarxa de Televisions, una red de televisiones locales que recibió una subvención de 280.000 euros supuestamente irregular del Consell de Mallorca.
Esta subvención se otorgó para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran las televisiones locales a la Televisió de Mallorca.
El juez investiga esta subvención, concedida a propuesta de la ex presidenta del Consell y del Parlament Maria Antonia Munar -en libertad bajo fianza por este caso- y que se repartió a partes iguales entre las televisiones locales, porque, según declaró en su momento la directora general de la Radiotelevisión de Mallorca, la catalogación no existe.
El juez atribuye a Oliver la solicitud de la citada subvención, ya que varios imputados le responsabilizaron de la idea de ceder los derechos de las imágenes de las televisiones locales para crear un archivo audiovisual que, al parecer, nunca se hizo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lopez Sola, encargado de las pesquisas del «caso Maquillaje», ya retiró el pasaporte a Miquel Oliver e impuso una fianza personal de 100.000 euros a Luisa Almiñana.
Almiñana era administradora de la productora Bahía Difusión, que se fusionó con Vídeo U -la cual administraba Oliver- y luego se benefició de contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, entre ellos la puesta en marcha de la Televisió de Mallorca.
Ambas fueron supuestamente adquiridas, mediante testaferros, por Munar y el ex vicepresidente del Consell y ex presidente de UM Miquel Nadal.
El «caso Maquillaje» se refiere al supuesto desvío de fondos públicos del Consell presidido por Munar a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido durante la legislatura pasada, todo ello mediante subvenciones del Consell a productoras audiovisuales afines al partido que Munar presidió durante 25 años.