Vecinos de Santa Catalina temen que el eje cívico suponga la llegada del 'botellón'

La asociación de vecinos Es Raval de Santa Catalina manifestó ayer su temor a que el futuro eje cívico de Santa Catalina «se convierta en un lugar idóneo para ubicar el botellón». El portavoz de la citada asociación, Pere Felip, señaló que los vecinos de la zona ya tienen problemas desde hace tiempo por los ruidos.
Imposición
El regidor popular Carlos Veramendi acusó a la regidora d'Urbanisme, Yolanda Garví, de querer imponer su «modelo de ciudad», sin tener en cuenta a los vecinos. Sin embargo, Garví lo negó y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, a los que les aseguró que se consensuaría con ellos el proyecto .
La política de movilidad también centró una parte importante del pleno. Así, se aprobó, con los votos de PP y UM, que el Ajuntament deberá consensuar todo lo relativo al sistema de transporte público de la Bahía de Palma. El regidor popular Carlos Veramendi también criticó que el tranvía de la Bahía de Palma que propone el equipo de gobierno no es rentable y les reprochó la tardanza en conseguir las inversiones de Madrid; así como que aún no se haya concretado el recorrido.
El pleno también aprobó, con los votos del PP, que el metro se ampliará hasta el hospital de Son Espases. En relación al futuro hospital de referencia de las Islas también se aprobó por unanimidad que Cort volverá a solicitar autorización para visitar las obras de Son Espases.
Por otra parte, El PP exigió responsabilidades políticas a la alcaldesa Aina Calvo por la adjudicación del concurso de jardineria de la Empresa Funeraria Municipal (SFM), cuyo ganador fue Jardines Tramuntana, de la pareja sentimental de la presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Francina Armengol . El portavoz del PP en Cort, Julio Martínez, denunció en el pleno que «la adjudicación no es legal, porque incumplió el principio de concurrencia». Además, reprochó a la alcaldesa que haya ocultado durante dos años un informe que decía que el equipo de gobierno incumplió las recomendaciones del interventor. El pleno aprobó, con la abstención del equipo de gobierno que propuso llevarlo a Fiscalía, que Contratación estudiará la adjudicación.