La portavoz del PP balear, Aina Castillo, eludió hoy concretar si la formación suspenderá de militancia al diputado Josep Joan Cardona, para quien la Fiscalía y la acusación particular en el caso Scala solicitaron una fianza de responsabilidad civil de 4,8 millones de euros, al aseverar que el partido actuará «en consecuencia» una vez la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) resuelva sobre la petición de las acusaciones.
En rueda de prensa, la dirigente 'popular' declinó en varias ocasiones especificar si en el caso de que se imponga una fianza civil -medida cautelar que se impone por posibles responsabilidades pecuniarias- contra alguno de sus miembros el PP procedería a expulsarle de sus filas, después de que la pasada semana el presidente 'popular', José Ramón Bauzá, anunciara que «expulsará inmediatamente» de la formación a todos aquellos militantes contra quienes se dicten medidas cautelares.
«Estamos hablando de casos concretos y pronunciarnos ahora mismo es trabajar sobre hipótesis», recalcó Castillo, quien manifestó que el PP adoptará «las medidas que corresponda» cuando se produzca la resolución judicial sobre Cardona, quien se encuentra imputado en el caso que investiga el presunto desvío de caudales públicos producido a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura, cuando ocupaba el cargo de conseller de Comercio, Industria y Energía.
Por otro lado, valoró de forma «muy positiva» que el Tribunal Supremo haya acordado anular la sentencia de la Audiencia Provincial contra el ex alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, el ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco y la ex secretaria de la formación, María del Amor Aldao, al apreciar «graves deficiencias» en este fallo, y haya decretado su devolución al tribunal de origen para que corrija los errores.
TOMÀS «NO TUVO UN JUICIO JUSTO»
A su parecer, la decisión del Alto Tribunal «demuestra que Tomàs no tuvo un juicio justo» y que la sentencia de la Audiencia fue «inmotivada y carente de un razonamiento mínimamente admisible». «No se le dio la oportunidad de defenderse, y ahora la tendrá», espetó la portavoz del PP, al recordar que la Audiencia deberá redactar una nueva sentencia «valorando todas las pruebas de descarga presentadas por Tomàs».
Finalmente, apeló a «dejar trabajar a la justicia» y aseveró que la postura de los 'populares' es que todos los ciudadanos «deben tener un juicio justo». «Y el PP llegará adonde haga falta para defender esta premisa», enfatizó Castillo.
Cabe recordar, en este sentido, que en enero de este año se celebró una vista pública en el Supremo en la que las defensas solicitaron la absolución al entender que la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2008 era «errónea y arbitraria», mientras que la Fiscalía solicitó por su parte un aumento de penas para los acusados.