Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y la acusación particular, en nombre del Govern, solicitaron hoy una fianza de responsabilidad civil de 4,875.441 euros para el ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, Josep Juan Cardona, por los posibles daños económicos derivados de su supuesta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Scala.
Así, actualmente, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, está deliberando la petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular, después de haber interrogado durante más de tres horas a Cardona, en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.
Por tanto, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Condición de aforado
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de «numerosos datos incriminatorios» contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.
Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.
Durante su declaración, ha asegurado no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura, cuando ocupaba el cargo de conseller de Comercio, Industria y Energía, resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
El imputado aseveró asimismo y en repetidas ocasiones, acerca del control que ejercía sobre los fondos públicos del CDEIB, que «confiaba plenamente» en sus servicios técnicos y jurídicos por lo que negó cualquier tipo de irregularidad en la concesión de los contratos, según informaron fuentes jurídicas.
Adjudicaciones a empresas en las que tenía participación
Las investigaciones, enmarcadas en el procedimiento judicial conocido como caso Scala, apuntan a que desde la empresa pública, dependiente de la Conselleria de Industria, se adjudicaron contratos de forma directa sin obedecer a las normas del procedimiento, a sociedades -Comarca Global Consulting, Gourmet & Boutique Islands y Sayju- en las que Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la entonces gerente del Consorcio, Antònia Ordinas, tenían participación.
Unos hechos determinados a raíz, además, de las declaraciones efectuadas en su día tanto por Ordinas como por el ex concejal de Lloseta, Felipe Ferré (PP), a su vez socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -contratistas del CDEIB-. Precisamente, Ferré compareció de nuevo hoy como encausado y ratificó sus acusaciones, aludiendo a la existencia de un contrato privado que demuestra que Cardona era socio de las tres anteriores sociedades beneficiarias de los fondos públicos.
Durante la comparecencia, que se prolongó por espacio de tres horas, Cardona fue interrogado, por otra parte, por el envío de folletos electorales del PP a Ibiza en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y que supuestamente fueron transportados con cargo a las cuentas del CDEIB. Al respecto, el ex conseller, asistido por el letrado Josep Zaforteza, se limitó a responder que «no me encargaba de estas cuestiones» y negó haber decidido en torno al transporte de la publicidad.
«Pregúntenle al PP de las Pitiusas»
En este sentido, Ordinas, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, ya apuntó al ex conseller así como a Viaene como los únicos responsables que pudieron autorizar el pago del transporte de la publicidad a la isla pitiusa. Es más, la Fiscalía señala que se han localizado varias facturas por valor de más de 13.000 euros que acreditarían el traslado de la propaganda sufragado por el Consorcio y postula que las cajas que contenían los panfletos pesaban más de seis toneladas y estaban camufladas bajo la apariencia de productos marca 'Baleares Cinco Estrellas'.
«Pregúntenle al PP de las Pitiusas», espetó el imputado ante el juez y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. Ordinas ya manifestó que Cardona fue quien encargó la confección de los folletos al diseñador de Binissalem Joan Rosselló -otro de los imputados en la causa-, pese a que aseguró «no tener ni idea» acerca de los pormenores que rodean al transporte de la propaganda.
Por otro lado, el parlamentario, quien ya depuso en dos ocasiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, y se negó a hacerlo una tercera a la espera de que el caso fuese asumido por la máxima instancia judicial de las islas por su condición de aforado, también se desvinculó de la cena electoral que celebró el PP en el restaurante Es Cocó de Lloseta, y sobre la que Ferré, proveedor del CDEIB, reveló que le forzaron a pagarla. En este caso, también Cardona emplazó a preguntar a los 'populares' del municipio mallorquín.
Declaraciones
Antes del conseller, ha declarado durante media hora como testigo la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Felisa Vidal, quien había sido designada inicialmente como instructora del caso pero propuso a la sala su abstención por considerar que concurrían en su persona motivos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que fue abogada del Estado de la comunidad autónoma en la pasada legislatura, cuando Cardona era conseller.
Después de Vidal, ha declarado como testigo Vicente Tur, economista vinculado a la patronal CAEB, y luego lo ha hecho como imputado el ex concejal de Lloseta del PP Felipe Ferré. Ambos han comparecido durante unos treinta minutos.
Ferré ya declaró en sede judicial que el ex presidente del Govern Jaume Matas conocía la supuesta trama y acusó a Cardona de haberse lucrado con fondos del CDEIB.
Cardona estaba inicialmente citado a las 11.00 horas para declarar, aunque las comparecencias se han alargado y él ha llegado a la Audiencia Provincial unos minutos después de que el anterior citado hubiera acabado su comparecencia.
Entre los imputados en esta causa se encuentran también el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas.
Viaene, Ordinas y la compañera de ésta última, Isabel Rosselló, entre otros, fueron detenidos en septiembre de 2007, y más tarde puestos en libertad bajo fianza, por su presunta implicación en esta trama de corrupción del CDEIB, acusados de malversación, defraudación a la Administración y falsedad documental.