Ramis d'Ayreflor deberá pagar 50.000 euros para evitar la cárcel por el 'caso Bomsai'

La jueza que instruye el 'caso Bomsai', Margalida Bosch, dictó ayer un auto de medidas cautelares contra el ex conseller d'Economia, Hisenda i Innovació durante la pasada legislatura, Lluís Ramis d'Ayreflor, después de que éste prestara declaración durante cerca de tres horas. Al final son tres los delitos que se le imputan: malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación.
Para evitar su ingreso en prisión, Ramis d'Ayreflor tiene de plazo hasta el mediodía del próximo miércoles para depositar una fianza de 50.000 euros. Además, se le ha retirado el pasaporte y tiene la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes para corroborar que no abandona el territorio nacional.
El ex conseller fue citado en el Juzgado de Instrucción nº 1 a las once y media de la mañana de ayer, donde llegó acompañado de su abogado, Lorenzo Salvá. Hasta casi las tres de la tarde Lluís Ramis d'Ayreflor no abandonaba las dependencias judiciales de la Vía Alemania, después de que le fuesen comunicados los delitos que se le imputan y las medidas cautelares dictadas por la jueza.
Adjudicación
Fuentes próximas a la investigación han señalado que el 'caso Bomsai' se está centrando en determinar las razones por las que la empresa pública CAIB Patrimoni, de la que Ramis d'Ayreflor era el presidente del consejo de administración en su calidad de conseller, incluyó una cláusula que obligaba a la empresa adjdicataria de las obras de construcción de nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salut al abono del 1'8 por ciento del presupuesto, alrededor de 600.000 euros, a la empresa consultora Atlas Capital.
Aun cuando el sumario tiene el carácter de secreto, los fiscales sostienen que la adjudicación a Atlas Capital encubre algún tipo de operación ilegal, en concreto el desvío de fondos públicos sin que se haya precisado su destino.
Este precisamente es uno de los elementos clave del 'caso Bomsai', toda vez que se considera imprescindible la declaración que puedan hacer los responsables de la consultora madrileña Atlas Capital para determinar las eventuales irregularidades que se hayan podido cometer por parte de CAIB Patrimoni.
Sobre esta cuestión ha llamado la atención la imputación del delito de cohecho al ex conseller Ramis d'Ayreflor, toda vez que éste tipo penal no se imputa al consejero delegado de la empresa pública, el abogado Jorge Sainz de Baranda, que fue detenido el miércoles de la pasada semana hasta el viernes, cuando quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Sin embargo, en el interrogatorio no se formuló ninguna cuestión a Lluís Ramis d'Ayreflor relativa al pago de los sobornos, aunque al final la jueza aceptó todas las peticiones formuladas por los fiscales Horrach y Subirán.