Una intervención del ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo en el acto de homenaje al juez Garzón organizado por los sindicatos en la Complutense ha desatado una tormenta político judicial de calado. Jiménez Villarejo pronunció ayer una conferencia en Palma y conversó con Ultima Hora.
-Vaya polémica que se ha organizado. Le reprochan que señalara a jueces del Supremo como cómplices del franquismo.
-Yo no dije eso de ninguna manera; se interpretó mal. Lo que yo dije es que era evidente la pasividad de la magistratura española ante las torturas que protagonizaba la policía española a lo largo de la dictadura. Es un hecho acreditado e histórico. Nunca dije que esa pasividad afectara a los magistrados del Supremo porque ni entonces ni ahora, los magistrados del Supremo tenían relación directa con los juzgados de instrucción por donde pasan los detenidos por tortura.
-Y algunos han aprovechado para recordarle que usted fue fiscal durante el franquismo, es decir fiscal del Gobierno.
-Del Gobierno no, del Estado. Lo que se quiere olvidar es que me sancionaron por perseguir la tortura. Estuve dos años sancionado en Huesca, de traslado forzoso, por denunciar la tortura en mi juzgado. Lo que pasa es que la gente que no quiere oír no oye, y que la que no quiere saber no sabe.
-Llega usted a Balears para hablar de corrupción. Y llega con más de una veintena de altos cargos políticos imputados por la corrupción. ¿Qué le sugiere esto?
-Una profunda preocupación. Lo de aquí tiene una dimensión de tal calibre, y afecta a tantas instituciones, tanto autonómicas como municipales, y hay tantas cuestiones delictivas que realmente sorprende que durante tantos años haya podido alimentarse tanta corrupción sin que hayan funcionando los controles institucionales mínimos. Supongo que aquí, como en Cataluña, también marcada por casos de corrupción, existirá una Sindicatura de Cuentas. Y supongo que habrá interventores en todas las administraciones. La sensación que me produce todo esto es que el estadio y la Administración autonómica y municipal está siendo asaltados por personas carentes de ética que lo están expoliando. Todo esto perjudica a la ciudadanía, pero también a las instituciones.
-Nunca sabremos, aunque se pueda intuir, a qué fue el ex president Matas a reunirse con el fiscal general.
-Yo sólo sé lo que he leído en los medios. Pero lo que sí tengo muy claro y pienso que sería totalmente deseable es que los cargos políticos evitaran los contactos, más allá de los estrictamente protocolarios, con representantes del poder judicial y de la Fiscalía. Jueces y fiscales deberían evitar las relaciones personales, y sólo limitarlas a las instituciones y protocolarias, con quien se dedican a la política. Porque si no, se generan sospechas que no son buenas.
-¿Habría que separar las relaciones personales entre el mundo de la política y el de la judicatura?
-Es que no tiene que haber relaciones personales de jueces y fiscales con cargos políticos, que se ven en actos oficiales pero nada más. Lo otro son amistades peligrosas. Y eso vale para jueces y entidades financieras.
-Garzón cobró del Banco de Santander por unas conferencias y luego no actuó contra el banco.
-Eso es falso e infundado. Garzón no ha favorecido al Banco de Santander. Han sido los magistrados del Supremo, los que persiguen a Garzón y que evitaron que se celebrara el juicio contra Botín por el fraude fiscal más grande de la historia de España. Sólo esa vez se admitió el criterio de no actuar cuando no existía acusación del fiscal y sólo acusación particular. Algo a lo que ahora no se acoge el Supremo contra Garzón.
-¿El Supremo persigue a Garzón.
-Lo que está claro es que hay un acoso judicial del Supremo al juez Garzón, eso es innegable. Que un juez se convierta de repente en sujeto de tres causas por prevaricación sin que el fiscal acuse es muy sorprendente.
-Y ése es el caso también de la memoria histórica.
-Sí, pero es más grave ya que la acusación sólo representa a intereses ideológicos.
-¿Por qué habla de acoso del Supremo a Garzón?
-Porque las querellas está infundadas. También los tribunales se equivocan y sus equívocos son más graves que los de los demás, pues privan de derechos.