El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa, eludió hoy pronunciarse sobre el contenido y la dureza del auto que el juez José Castro emitió ayer para decretar prisión bajo fianza de tres millones de euros contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y que ha generado reacciones tanto de varios partidos políticos como de asociaciones judiciales a nivel regional y nacional.
En declaraciones a los medios tras presentar en el Parlament la Memoria sobre el estadio, funcionamiento y actividades del TSJIB en 2009, Terrasa declinó «entrar a hacer valoraciones relativas a un proceso judicial que se encuentra abierto», al ser inquirido por el lenguaje empleado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 para justificar la imposición de esta medida cautelar.
Entre las numerosas valoraciones introducidas en el extenso auto, el juez asevera que en la declaración que el ministro efectuó durante más de quince horas la semana pasada, como imputado dentro del caso Palma Arena, «queda claro que ha venido a burlarse de los simples mortales», a tenor de las justificaciones que ofreció de los hechos que se le atribuyen.
En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado recriminó los argumentos empleados por el ex presidente para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él en relación con el sobrecoste en la construcción del velódromo palmesano y con su presunto enriquecimiento ilícito, y en este sentido llega a preguntarse en el escrito «cómo es posible que una declaración con un escueto contenido durara más de 16 horas».
«La respuesta es clara», afirma de forma contundente el magistrado en la exposición de sus fundamentos jurídicos, lamentando que «se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia».
Incluso, en un momento dado, Castro manifiesta que «dada la gravedad» de los hechos que se le imputan a Matas «bien puede darse por satisfecho de que las acusaciones -Fiscalía y acusación particular- no hayan interesado una medida cautelar más severa».
En una extensa resolución, el magistrado alude a la existencia de un «margen de gravedad más que sobrado» como para que Matas pueda sustraerse de la acción de la justicia, «máxime» cuando reside en Estados Unidos y «se sospecha» que en este país o en otro vecino pueda guardar «el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos» a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
El CGPJ tampoco valorará el auto
Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial tampoco valorará las expresiones vertidas por el juez de Palma José Castro. Así lo ha dicho a Efe la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, que ha asegurado que para el Consejo «se trata de una cuestión jurisdiccional» que esta institución «no debe entrar a valorar» si no se dan los requisitos establecidos en la ley.
El artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera falta grave -sancionable con una multa de entre 300 y 3.000 euros- «la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico».
El precepto añade, sin embargo, que, «en este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso».
Por tanto, para que se den lo que Bravo ha llamado los «requisitos de procebilidad», la defensa de Matas debe recurrir primero el auto del juez Castro ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que al examinar el asunto deberá decidir si pone la resolución en conocimiento del Consejo.
«El CGPJ no actúa de oficio» en esta cuestión, ha añadido Bravo.