El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitida el 29 de mayo de 2007, mediante la cual se anuló la licencia de los 67 apartamentos proyectados en Ses Covetes (Campos), que había sido otorgada por el Ayuntamiento de esta localidad a comienzos de los años 90, cuando estaba presidido por el PP.
Esta decisión judicial ya ha tenido la primera consecuencia por parte de la promotora de los 13 bloques de viviendas, situados justo enfrente de la Playa de Es Trenc, a primera línea de mar. Así, la sociedad mercantil Marina Ernts S.L. ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Campos en el que le exige una indemnización de 27 millones de euros por los daños y perjuicios que supone la paralización de la licencia de obras.
La sentencia firme se produce, después de que el PSM y el GOB impugnaran en 1994 la licencia de obra otorgada por el Consistorio de Campos para lo cual debieron depositar 120.000 euros, lo que provocó que al año siguiente, el juez ordenase paralizar los trabajos. A partir de entonces, el TSJB anuló la licencia en 2007, bajo el argumento de que los terrenos afectados no tenían la condición de suelo urbano.
Concretamente, la sentencia del TSJB, que ha sido confirmada por el TS, reza que la licencia 59/92 «concernía a terrenos que no aparecían como suelo urbano ni en el Plan General de 1974, ni en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de 1987».
Además, señala que los bloques de viviendas proyectados están afectados por la servitud de protección de 100 metros de la Ley de Costas, mientras que en los fundamentos del Derecho, recuerda la Orden Ministerial de 23 de abril de 1996, que fijó servidumbre de 100 metros en las 13 parcelas de la fina Torre Marina del núcleo de Ses Covetes.
Tras la confirmación de esta sentencia por parte del TS, el PSM consideró un «despropósito» que la promotora de los chalets exija una indemnización de 27 millones de euros y, en este sentido, expresó su convencimiento de que los tribunales también considerarán «totalmente desproporcionada» esta petición.
Por otro lado, la formación nacionalista, que gobierna en estos momentos en el Ayuntamiento Campaner, dirigido por el alcalde Joan Juan (PSM), recordó que siempre ha afirmado que la licencia otorgada por esta institución en los años 90 era «ilegal».
La "irresponsabilidad del PP"
Por ello, acusó a los responsables municipales del PP de haber estado «en connivencia con la promotora», al tiempo que criticó el hecho de que la «irresponsabilidad» de los 'populares' haya puesto «en peligro el Ayuntamiento de Campos». No obstante, confió en que la Justicia «se ponga de parte del interés público».
En similares términos se expresó el GOB, que exigió al Consistorio que «depure las responsabilidades adecuadas para los políticos locales del PP que en su día otorgaron la licencia y para los técnicos municipales que la informaron en 1992».
El PSM y el GOB comenzaron ese año las acciones jurídicas y ciudadanas ante las «numerosas irregularidades del proyecto y su elevado impacto ambiental y paisajístico», de forma que en abril de 1995 se pararon las obras por resolución de los tribunales, si bien actualmente, se mantienen los bloques de cemento en primera línea de mar, sin puertas ni ventanas, y la mayoría de ellos con graffitis realizados en los últimos años con mensajes en contra de su construcción.