La acusación particular en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a la gestión y mantenimiento de la Torre de Sant Elm, en representación del Ayuntamiento de Andratx, solicitó hoy la comparecencia, en calidad de testigo, del ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, aunque no descarta más adelante pedir su imputación por haber ejercido presuntamente una «voluntad de defraudar» a la administración pública.
El letrado Pablo Alonso de Caso, que ejerce la acusación particular en nombre del Consistorio, presentó esta mañana un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antonio Garcías, para pedir la comparecencia del diputado del PP en este procedimiento, cuyos principales imputados son el presidente de la Fundació y ex presidente del Ejecutivo balear, Gabriel Cañellas, y el ex alcalde 'andritxol' Eugenio Hidalgo.
En concreto, las investigaciones giran en torno al presunto desvío de fondos públicos producido a raíz de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundació Illes Balears, en mayo de 2006, por el que se acordó la cesión de la torre a la administración local para su mantenimiento y ésta aportase 45.000 euros semestrales a la entidad privada, cuyo destino se desconoce.
El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, recuerda que Flaquer, en su condición de conseller de Turismo en la fecha de la firma, firmó un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació. Al respecto, Hidalgo puso de manifiesto en su declaración como encausado que acudió a la Conselleria «por indicaciones de Cañellas» a fin de que este departamento se encargara del 60 por ciento de la aportación municipal.
"Estrategia triangular" entre Cañellas, Hidalgo y Flaquer
Sin embargo, la acusación subraya que podrían haberse producido «supuestos ilícitos penales» a raíz de una «estrategia triangular» trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Así, la conducta de todos ellos «podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial».
Por este procedimiento prestaron declaración el pasado 10 de febrero Hidalgo y Cañellas, quienes se atribuyeron mutuamente la idea de rubricar el convenio, así como el portavoz del PP en Andratx, Jaume Porsell, quien el 2 de abril de 2007 renovó el acuerdo con la Fundació pese a reconocer que no encargó ningún informe previo ya que existía «una presión muy grande» en el Consistorio.
Cabe recordar que la Fiscalía interpuso una denuncia penal contra Hidalgo y Cañellas a raíz de las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento 'andritxol' tras las elecciones municipales de 2007, en la que les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y defraudación a la administración. Infracciones penales en las que la acusación particular considera que también incurrió Porsell.