La consellera de Turisme y portavoz del Govern balear, Joana Barceló, y el presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, han sido citados para prestar declaración por la querella que en mayo de 2007 presentó el industrial Valeriano Allés Canet.
Aún cuando la citación judicial es en condición de querellados, los dos diputados del PSIB-PSOE en el Parlament balear comparecerán ante el juez como imputados porque el auto de admisión de una querella y la citación supone la condición de imputados.
Esta querella, que fue presentada pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo del 2007, denunció a Joana Barceló, entonces presidenta del Consell de Menorca y a Marc Pons, que era conseller de Urbanisme i Ordenació del Territori, por un posible delito de prevaricación al haber ordenado la paralización de la cantera Son Sintes de Ciutadella, explotada por Valeriano Allés.
El letrado Jordi Tirvió Portús calificó de 'arbitrarias' y 'no ajustadas a derecho' los actos administrativos del Consell de Menorca, porque la institución insular menorquina se había subrrogado los expedientes de disciplina urbanística que había incoado y ya tramitaba el Ajuntament de Ciutadella, lo que Valeriano Allés considera una invasión de competencias.
En un primer momento la querella fue archivada, pero el empresario de Ciutadella presentó recurso. Al haber sido revocado el auto de archivo, la querella entra en fase de tramitación con la citación judicial, como querellados, de Joana Barceló y Marc Pons. La consellera Barceló es vicesecretaria general del PSIB-PSOE y el presidente Marc Pons es secretario general del PSOE-Menorca.
Sanción
En abril del 2008 el Consell de Menorca impuso una sanción de 390.000 euros a Valeriano Allés por haber construido sin licencia una nave para producir bloques de hormigón en la cantera de Son Sintas y realizar esta actividad industrial sobre suelo rústico. El departamento de Urbanisme i Ordenació del Territori, al frente del que se encontraba Marc Pons, ordenó la clausura de la actividad y la demolición de las instalaciones edificadas sin autorización.
El expediente de disciplina urbanística tramitado por el Consell de Menorca también obliga al promotor de las obras a la restitución de los terrenos afectados. El Consell calificó los hechos como «falta muy grave» por la reiteración de la empresa al infringir la legalidad, a pesar de las distintas sentencias judiciales que han dado la razón a la institución insular.
Joana Barceló declaró a este diario que «acudiré a declarar con toda tranquilidad; aportaré todos los informes técnicos y jurídicos que avalan nuestras decisiones, dado que hemos obrado con absoluto respeto a la ley y también con plena responsabilidad».
Declaración
La consellera de Turismo y portavoz del Govern, Joana Barceló, ha defendido hoy sin ninguna duda la paralización de la cantera de Son Sintes de Menorca en cumplimiento de la ley, y ha recordado que su cargo, como el de cualquier conseller, está siempre a disposición del presidente de Baleares.En los pasillos del Parlament, Barceló ha recordado a los periodistas que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) sentenció de manera firme que todo el proceso administrativo de paralización de la cantera fue ajustado a derecho.
En tono distendido, ha defendido que no considera que haya motivo alguno ni para preocuparse ni para considerar su dimisión, si bien ha recordado que su cargo está siempre a disposición del presidente de Baleares: «faltaría más», ha apostillado.
Por su parte, Marc Pons ha asegurado que está «totalmente convencido» de que no prosperará la querella. En los pasillos del Parlament, Pons ha asegurado a los periodistas que hay varias sentencias judiciales que «avalan» esta decisión. Pons ha insistido esta mañana, como ya dijo en su día, que el Consell actuó con «total transparencia», y así lo confirman todo el proceso administrativo y la documentación existente.