El ex conseller de Territorio de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, ha explicado hoy al juez los motivos por los que el Consell de Mallorca estimó la alegación del ex jefe de Costas de Baleares, Antoni Garau, al Plan Territorial en la que pedía la calificación como urbanos de unos solares de su propiedad.
Vicens, que ha eludido hacer declaraciones a los medios de comunicación, ha comparecido durante una hora ante el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma dentro de una pieza del caso Andratx de supuesta corrupción urbanística durante la anterior legislatura, cuando era vicepresidente y conseller del Consell de Mallorca.
El también ex diputado autonómico está imputado en la pieza número 68 de este caso, en la que se investiga una recalificación de solares del municipio mallorquín durante la anterior legislatura, en cuya tramitación intervino la Comisión de Urbanismo del Consell, presidida entonces por Vicens.
Se trata de la recalificación de tres terrenos en Cala Llamp propiedad del ex jefe de Costas de Baleares, los cuales fueron declarados urbanos con la aprobación por el Consell del Plan Territorial de Mallorca, pero que finalmente no se calificaron como tales, sino como rústicos protegidos, por las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Andratx.
La declaración de Vicens fue pedida por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, presente hoy en su comparecencia junto al abogado de la acusación particular, Josep de Luis, y los del propio Vicens, Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.
Según fuentes judiciales consultadas por Efe, el ex diputado ha relatado durante su comparecencia las razones por las cuales se estimó la alegación de Grau al Plan Territorial de Mallorca que pedía la calificación de sus terrenos como urbanos, tal y como finalmente quedó reflejado en esta norma urbanística.
Sin embargo, más tarde el Ayuntamiento de Andratx, dirigido entonces por el popular Eugenio Hidalgo -condenado por una pieza de este caso-, decidió finalmente calificar estos terrenos como rústicos en la aprobación de las normas subsidiarias del municipio.
El ex diputado eludió ingresar en prisión el pasado diciembre tras pagar dos fianzas de un total de 200.000 euros impuestas por otro caso de presunta corrupción urbanística durante la anterior legislatura, el llamado caso Som Oms.
Sobre Vicens recae además una condena de cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación de una pieza separada del caso Son Oms, relativa a un informe plagiado.
Suspendido de militancia UM por su implicación en casos de corrupción, Vicens dimitió en enero de su escaño en el Parlament balear después de que se conociera esta condena por prevaricación y malversación.