Las declaraciones de los proveedores del inmueble -pintores, albañiles, decoradores, electricistas, instaladores de cocinas y baños- han puesto en evidencia la ya considerada «mecánica» seguida en los pagos realizados a esos profesionales por Matas a través de su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal, consistente en abonar la mayor parte de las facturas con dinero en efectivo, sin exigir las pertinentes facturas.
Las cantidades supuestamente defraudadas a la Agencia Tributaria ya superan los 300.000 euros, y no está cerrada, a la espera de hallar más indicios o pruebas fidedignas que apoyen la imputación de un delito fiscal.
La mayoría de testigos que han comparecido ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach han admitido que no dijeron la verdad en las primeras declaraciones realizadas ante los agentes de la Guardia Civil.
En esos momentos iniciales de la investigación, mantuvieron la versión de que los pagos se realizaron siguiendo los conductos legales. Después, sin embargo, rectificaron y admitieron que, en uno casos Maite Areal y en otros, su hermano habían procedido a abonar dinero en efectivo y en sobres, sin exigir facturas.
Algunos de los profesionales, incluso, rechazaron en un primer momento ese sistema de pagos, opaco a Hacienda, pero el intermediario entre la familia de Matas y los proveedores, el aparejador de la tienda Denario M.G.I., les respondió con una frase rotunda: «Eso es lo que es hay».
Patrimonio
La investigación de un posible delito fiscal cometido por Matas en la reforma de su palecete fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, y el juez Castro la incorporó al sumario el pasado 11 de septiembre, haciendo hincapié en que «la investigación patrimonial se hará extensiva a la de un posible delito fiscal».
Ordenó, asimismo, que todas las pesquisas estén coordinadas entre la Unidad Orgánica de la Guardia Civil, Agencia Tributaria y Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía.
Matas ha sido citado por el juez el 23 de marzo de 2010 para comunicarle de forma oficial los delitos que le imputa, entre otros, cohecho, fraude fiscal y patrimonial. En el 'caso Palma Arena', por otra parte, se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración.
Precisamente, el hecho de que los supuestos delitos investigados en la construcción de ese recinto deportivo no estén conectados con las pesquisas sobre los bienes del ex presidente del Govern, ha propiciado la presentación en el Juzgado 3 de Palma un incidente de nulidad de actuaciones, que debe resolver, inicialmente, el propio juez Castro. Si este inadmite el recurso, tendrá que pronunciarse la Audiencia de Palma.
Según el abogado que presentó el incidente de nulidad de actuaciones, Gregorio Sanjosé, en nombre de su clienta, imputada en la causa, Josefa Lorca, en las denuncias anónimas que propiciaron la investigación del patrimonio de Matas «no se hace ni una mínima referencia a la construcción del velódromo».