La Autoritat Portuària de Balears afirma que el criterio de autofinanciación en las inversiones en los puertos de interés general, dependientes de Puertos del Estado, está vigente desde la Ley de Puertos de 1992, en la que se crearon las autoridades portuarias, y se ha mantenido vigente en la Ley de 2003 y también en el proyecto de Ley de Puertos que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria.
La Autoritat Portuària de Balears contestó así a las declaraciones de representantes de la Cámara de Comercio, que afirman que del proyecto de Ley de Puertos impide de forma definitiva que el Gobierno acometa o participe en la ejecución de obras de importancia estratégica en los puertos de Balears, caso de la ampliación del puerto de Palma, ya que consagra el principio de «autosuficiencia» de las autoridades portuarias.
Desde la Autoritat Portuària de Balears afirman en todo caso que la legislación actual ya impide que el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, realice inversiones en los puertos de interés general españoles. Afirman que todas las inversiones deben realizarse mediante la recaudación que estos organismos obtienen del cobro de tasas y cánones, así como del endeudamiento.
Desde la Autoritat Portuària de Balears confirmaron por otra parte que el proyecto de Ley de Puertos suprimirá las bonificaciones a rutas concretas, caso de las de Balears y Canarias, porque la Unión Europea considera que esta práctica es discriminatoria.
La Autoritat Portuària afirma en todo caso que el proyecto de Ley de puertos establece que Puertos del Estado fijará las tasas portuarias de forma anual, por lo que afirman que «nadie sabe si van a subir y o bajar». Además, desde este organismo recuerdan que el proyecto de ley todavía no está terminado, por lo que indican que podría haber cambios en la regulación de las tasas.