El diputado Bartomeu Vicens, el ex secretario general de UM, Damià Vidal, y el ex asesor fiscal del la empresa del primero, Tomás Martín declararon ayer en el juicio que les acusa de malversar dinero público en la contratación de un informe por 12.000 euros desde el Consell. Se trata de una pieza separada del sumario del 'caso Son Oms' en la que el fiscal pide penas que suman más de ocho años de cárcel.
Vicens admitió que él fue quien encargó un informe económico a Martín cuando era conseller de Ordenación del Territorio, a finales de 2006 o principios de 2007. Este documento se adjudicó mediante un contrato de obra menor por un total de 12.000 euros. En su elaboración se empleó información de dominio público copiada de páginas web. De hecho, como indicó ayer el fiscal Carrau, sólo indicaba la evolución del precio del suelo en Balears, ni siquiera discriminaba Mallorca.
El entonces conseller admitió en su declaración que decidió encargar el informe a Martín «por proximidad». «Le busqué a él porque tenía más cercanía. Fue el que se me ocurrió en ese momento porque le conocía», afirmó. Incluso, en otro momento señaló que era normal en el Consell acudir a contratos de obra menor «porque podías acudir a alguien con quien tienes confianza; es lo normal». Martín ejercía como contable o asesor fiscal la empresa Metalumba, propiedad del diputado. Eso sí, desvinculó su elección a cualquier tipo de favor prestado: «No tenía por qué darle nada, no necesitaba un plus».
El fiscal vincula este favor a unas facturas falsas que emitió Metalumba a favor de una empresa de construcción. Martín y Vicens reconocen la existencia de estas facturas falsas que servirían para ocultar ingresos excesivos de Metalumba.
"Cobré sin trabajar"
Tomás Martín, por su parte, reconoce la misma versión de los hechos que el fiscal: «Cobré por un trabajo que no hice». Así, señala que Vicens le dijo que le encargaría un informe sin explicarle el contenido. Cuando lo supo, afirma que dijo al entonces conseller que no estaba capacitado para hacer ese estudio: «Me dijo que no me preocupase, que me darían páginas web para que buscara los datos». Además le indicaron una página donde podía traducir el texto a catalán. La secretaria de Vicens, que testificó por la tarde, negó haber hecho esta llamada. El propio Vicens también niega esta versión. Sí coincidió con Martín en desvincular una factura de 9.000 euros que pagó el contable a la mujer del diputado de estos 12.000. El contable ingresó esta cantidad en el TSJB un día antes de declarar como imputado.
Damià Nicolau defendió que la tramitación del documento siguió «los cauces ordinarios». El fiscal le acusa por firmar un documento que justificaba la necesidad de contratar el informe sobre el suelo de Mallorca. Nicolau sostiene que se encargó porque los servicios del Consell estaban «saturados de trabajo» y porque esos datos eran necesarios para calibrar una posible moratoria del Plan Territorial de Mallorca. Además negó conocer a Tomás Martín y negó que supiera que era contable o amigo de Vicens y que tampoco sabía de las facturas falsas.
El juicio continúa hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Balears.