El Ajuntament de Palma ha abierto un expediente sancionador al propietario de las cuatro viviendas del Camí de Jesús 51-53 por acometer el derribo de las mismas sin tener licencia para ello. Como se recordará, se trata de los cuatro inmuebles en mal estado que estaban ocupados por rumanos y que fueron demolidas el pasado 17 de noviembre.
Sin embargo, esta no es la única irregularidad que ha cometido el propietario de las citadas viviendas, ya que los residuos no están teniendo un tratamiento adecuado. De este modo, en MAC Insular tendrían que haber entrado entre 800 y 1.000 toneladas de residuos y únicamente lo han hecho 11'3 toneladas, es decir, el 1 por ciento del total. En concreto, la empresa encargada de acometer los derribos es Excavaciones Medina, S.L., que probablemente haya cobrado por realizar un tratamiento adecuado de los residuos, aunque no lo ha hecho.
Precisamente, para evitar que los escombros procedentes de la construcción se depositen en vertederos, el Consell de Mallorca ha aprobado una reducción de la tasa de tratamiento de estos residuos de un 20 por ciento. Exactamente, la tarifa se reduce un 18 por ciento, cifra que se combina con una subvención aportada por la institución insular de entre 2 y 4 euros por tonelada. La ayuda implicará una aportación de un millón de euros por parte del Consell, mientras que la empresa concesionaria, MAC Insular, se hará cargo de la rebaja del canon.
Con esta iniciativa se persigue un doble objetivo. Por una parte, evitar que se produzcan vertidos incontrolados y, por otra, conseguir un abaratamiento de la tasa de residuos que pagan los ciudadanos. En este sentido, si no se realizasen vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición en las Islas la tasa de residuos urbanos descendería un 50 por ciento. En el caso concreto de Mallorca, si entraran en la planta de tratamiento del Parque de Tecnologías Ambientales las 1.200.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, que prevé el Plan Director de Gestión de Residuos, no habría capacidad para reciclarlo todo y un 30 por ciento se tendría que incinerar. En este proceso se produciría electricidad que se vendería y permitiría reducir a la mitad la tasa de residuos urbanos que pagan los ciudadanos.