La posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule alguno de los artículos del Estatut de Catalunya que tienen cierta similitud con el de Balears (sobre todo en apartado dedicado a Justicia) ha encendido las luces de alarma en algunos ámbitos del Ejecutivo.
Tanto desde el PP como desde el PSOE se insiste en que el Estatut de Balears, reformado después del cuestionado Estatut de Catalunya, fue fruto de un amplio consenso y que aunque puedan existir algunas dudas, el grueso de los artículos que se cuestionan en Catalunya no aparecen en la versión balear. En Balears, por ejemplo, el conocimiento de la lengua catalana es un derecho y no una obligación y no hay ninguna alusión al carácter nacional de las Islas, que no se definen como nación sino como nacionalidad histórica.
Pero el Govern balear no está formado sólo por el PSOE, y sus socios van más allá. Tanto Biel Barceló (PSM) como Josep Melià (UM) alertan de riesgos de involución. Melià, por ejemplo, señala que su partido podría plantearse alguna vez que conocer la lengua propia de las Islas fuera un deber además de un derecho y que si el Constitucional tumba esa posibilidad, será perjudicial para las Islas.
Al borde de la legalidad, según algunas fuentes, estaría también la posibilidad de convocar consultas soberanistas, como ahora propone un grupo de cargos del PSM, incluido un conseller del Govern. La polémica parece estar servida y todos miran a Catalunya.