El Govern recurrió ayer a la figura del decreto ley, lo que prevé su entrada en vigor antes de pasar por el Parlament, un paquete de medidas urbanísticas, que ayer anticipaba Ultima Hora, y que, entre otras cuestiones, permite ampliar la suspensión de licencias municipales y adopta una serie de medidas cautelares.
Han sido los ayuntamientos y los consells los que han instado al Ejecutivo a acometer estas reformas para dar salida a varios proyectos y, en el caso de Mallorca, adaptarse al plan territorial.
Las medidas afectan a todas las Islas y a conceptos diversos, desde licencias de caza a obras de alcaltarillado y frecuencias de transporte. Se trata de un 'decreto escoba' que había ido negociándose de formas discreta.
Las normas entrarán en vigor en los próximosdías, cuando se publiquen en el BOIB. La portavoz del Ejecutivo no utilizó la palabra 'moratoria' pero de su contenido se desprende un 'parón' urbanístico.
Escalonada
Según ha explicado Barceló, la posibilidad de ampliar el plazo de suspensión de las licencias derivadas del planeamiento tendrá que esta «justificada» por los ayuntamientos y siempre que vayan realizando las fases de aprobación de la nueva normativa urbanística «de forma diligente».
Esta ampliación se hará de forma «escalonada», es decir, no podrá ser de cuatro años en un principio, y permitirá que el cambio de modelo de los municipios «no quede en entredicho», al ser una «garantía jurídica» para los consistorios de hacerlo sin problemas de tiempo.
El decreto de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, permite la habilitación de alcantarillado en urbanizaciones que aún no disponga del mismo. Respecto al alcantarillado, establece una «situación de excepcionalidad» por dos años, mediante la cual los propietarios de una vivienda unifamiliar de zonas urbanas o urbanizables pueden pedir la licencia de edificación sin contar con este servicio básico, aunque las casas deben contar con fosa séptica. Las condiciones para conceder la licencia son la necesidad de avalar el coste de la instalación y la aprobación por parte del ayuntamiento, durante el primer año, de un proyecto de dotación de servicios para las urbanizaciones sin alcantarillado.