El director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Pasqual Vela, y los tres empresarios detenidos en la 'Operación Pretoria' "Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo" quedaron en libertad después de abonar las fianzas que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El magistrado, que investiga una trama de corrupción que habría actuado en los ayuntamientos de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, dejó en libertad a estos cuatro imputados a condición de que pagaran sus fianzas antes de las 13.00 horas de ayer. Todos ellos las abonaron a través de avales bancarios.
La cuantía de las fianzas ascendía a 25.000 euros en el caso de Vela; a 100.000 en el del consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo; y a 500.000 en los del presidente del Grupo Espais, Lluís Casamitjana, y el de Proinosa, Josep Singla.
Mientras, PSC y CDC soltaron lastre ayer al suspender de militancia, de forma temporal, a todos los imputados socialistas y convergentes en el 'caso Pretoria'. El PSC ha suspendido de militancia de forma preventiva al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y al director de servicios de este Ayuntamiento, Pasqual Velas. Muñoz y Dobarco renunciaron a sus cargos y serán sustituidos en 48 horas.
El portavoz del PSC, Miquel Iceta, envió un mensaje interno y externo al partido al afirmar que los socialistas catalanes aplicarán siempre «tolerancia cero» cuando un militante o cargo electo esté imputado por la Justicia.
Por su parte, el secretario general de CDC y líder de CiU, Artur Mas, confirmó la suspensión temporal de militancia del ex conseller Macià Alavedra y del ex secretario de la Presidencia Lluís Prenafeta, decisión que presentó como «dolorosa» por la amistad y «afecto» que mantiene con ellos, pero a la vez «necesaria». Asimismo, el líder catalanista remarcó que esta solución no ha sido «ni fácil ni cómoda ni agradable», y subrayó que «sobraba el trato humillante, el escarnio y la vejación pública» de los detenidos por el 'caso Pretoria', de presunta corrupción urbanística en diversos municipios catalanes.