El 'caso Ordinas', la supuesta trama de corrupción en el Consorci per el Desenvolupament Economic de les Illes Baears (CDEIB) en el Govern de Jaume Matas, está a un paso de seguir el mismo camino que los casos 'Son Oms' y 'Can Domenge'.
La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, está ultimando la investigación que inició en septiembre de 2008 y ha citado para la próxima semana a una nueva imputada, María Luz Luna, antes de elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
La magistrada ya tiene en su poder desde el pasado mes de junio un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en la que le pide que se inhiba a favor del TSJB, dada la condición de aforado del diputado del PP y ex conseller de Comerç e Indústria en la anterior legislatura Josep Juan Cardona.
El dirigente 'popular', que se negó a declarar ante la juez el pasado mes alegando que «sólo» comparecerá ante un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal, ha jugado un papel clave en del desarrollo de la supuesta trama, según los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach.
«Ninguna de las operativas fraudulentas hubiesen sido posibles sin la colaboración del conseller», señala el Ministerio Público en su petición a la juez para que eleve una exposición razonada y el TSJB asuma la causa. Añade que Cardona y los demás principales imputados, la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas, su esposa, la soprano Isabel Rossell y el ex director general de Promoció Industrial Kurt Viaene, «idearon una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero».