El Proyecto de Ley de Comercio Interior de les Illes Balears, actualmente en tramitación parlamentaria, «choca frontalmente con la directiva de Servicios de la Unión Europea puesto que establece limitaciones sustanciales a la libertad de establecimiento, que implican discriminaciones a las grandes empresas de distribución», según afirmó ayer la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Anged.
Tal y como ya informó este periódico, la patronal tiene intención de recurrir la normativa balear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como otras normativas autonómicas similares, al entender que incumplen la llamada directiva Bolkestein, de obligado cumplimiento en España desde enero del próximo año.
La patronal recuerda que ninguna de sus empresas asociadas ha podido abrir un solo establecimiento en las Islas en la última década como consecuencia de las «trabas administrativas impuestas por los sucesivos gobiernos autonómicos», tanto de 'progreso' como del 'populares', que a su juicio debían quedar resueltas con la aplicación de normativa de la UE.
Incumplimientos
La patronal de grandes superficies precisa que el proyecto de Ley de Comercio balear establece un régimen de autorización previa para la apertura de grandes empresas de distribución en las Islas que, a su juicio, contraviene la directiva europea y el propio Tratado de la UE.
La patronal recuerda que la normativa europea sólo permite regímenes de autorización que no sean discriminatorios, en la práctica sólo acepta restricciones por cuestiones medioambientales o urbanísticas de interés general y, en ningún caso, por cuestiones de índole económica.
La patronal afirma que el régimen de autorización balear es discriminatorio en tanto en cuanto sólo es de obligado cumplimiento para las grandes empresas que quieran abrir establecimientos de más de 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 en Menorca y Eivissa y 200 en Formentera.
La patronal Anged afirma que existen otras cláusulas ligadas con la normativa balear en que se establecen limitaciones de carácter económico que están «expresamente prohibidas» en la directiva de servicios.