La presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, ha sido imputada en el caso Can Domenge por parte del Magistrado instructor de las Diligencias Previas 2/09 abiertas en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Francisco Javier Muñoz Jiménez, quien hoy ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Munar el día 16 de noviembre a las 10 horas, y al dirigente del Partido Popular Fernando Rubio Aguiló, el mismo día a las 11.30 horas.
La providencia, notificada esta mañana a las partes afectadas, acuerda además la citación de varias personas más como testigos y la práctica de otras diligencias.
La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Can Domenge, y ha solicitado al juzgado de instrucción número 12, encargado de las investigaciones, que le remita la causa, en la que están imputados los aforados Miquel Nadal y Bartomeu Vicens.
Así lo decidió la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 28 de septiembre elevó la titular del juzgado, Mari Carmen González, a la Sala, para que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó que el ex conseller insular de Territorio y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tenía «perfecto conocimiento de lo torcido» en relación al decreto probado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos, que fueron vendidos por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
El otro imputado, el conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM), declaró tras tener conocimiento de la petición de la magistrada al TSJB, que únicamente dimitirá de todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma la causa, hecho que se produjo este lunes, y, añadió, cuando este tribunal adopte medidas cautelares contra su persona. Si eso tiene lugar, Nadal dimitirá como conseller y concejal del Ayuntamiento de Palma, según declaró él mismo.
Así, en la exposición que la jueza, ésta afirma que la resolución del decreto iba dirigida a «un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos» y que constituyó una «conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales», lo que consuma el delito de prevaricación que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal.
Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros.
De este modo, el procedimiento se inició a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur -adjudicataria-, y que precisamente solicitó al Juzgado, al igual que la Fiscalía, que el procedimiento se eleve al TSJIB debido al aforamiento de Nadal y Vicens, principales imputados en la causa.
«VENTA PARA SATISFACER INTERESES PRIVADOS»
Entre sus conclusiones, la jueza considera que los imputados se desprendieron de un inmueble de «muy alto valor y que lejos de hacerlo en la forma que más se garantizaba el interés general lo hicieron para satisfacer intereses privados», a un precio 30 millones inferior a su valor en el mercado «dejando por tanto de ingresar a sabiendas en el erario público esa cantidad sin que existiesen razones justificadas para ello».
La jueza ve por todo ello presentó el pasado miércoles un escrito ante la Sala Civil y Penal del TSJIB en el que solicita la asunción de competencias del caso, al apreciar «indicios racionales de criminalidad» contra Vicens, defendido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, y Nadal, asistido por Josep Zaforteza.