El proyecto de la llamada fachada marítima, una de las iniciativas urbanísticas más importantes de Palma de las últimas décadas, está dejando al descubierto las consecuencias de la adopción de decisiones políticas de la máxima trascendencia condicionadas por la defensa de unos intereses particulares. El impulso institucional a la iniciativa "la necesidad de dotar a la ciudad de un palacio de congresos como elemento central de la desestacionalización turística de Mallorca" promovido desde el Govern y el Ajuntament por el president Matas y la alcaldesa Cirer, respectivamente, durante la pasada legislatura, ha quedado encallado por el anunciado abandono del Grupo Barceló, que después de forzar modificaciones sustanciales del proyecto en su beneficio "ampliando la altura del hotel, reduciendo las plazas del aparcamiento y obteniendo una aportación de 30 millones de las arcas municipales", deja las obras acuciado por sus dificultades financieras para seguir adelante con el pretexto de unos sobrecostes que no ha logrado justificar.
Los palmesanos ya no ocultan su preocupación por la envergadura de las estructuras "y eso que todavía no es visible la correspondiente a la del hotel", las cuales conforman una auténtica barrera con la trama urbana, redefinen (a peor) el perfil urbano de la ciudad y amenazan una de las principales vías de acceso de Palma. El diseño del arquitecto Patxi Mangado merece ser estudiado de nuevo para evaluar, sobre el terreno, su impacto en el paisaje urbano en un enclave tan emblemático como es el de la fachada marítima. Es el momento de que los responsables de las instituciones demuestren su voluntad de impedir un desastre que, por desgracia, quedará en herencia para las próximas generaciones.